Los violadores se libran de la pena de muerte, los discapacitados aún no

La medida del Tribunal Supremo estadounidense de prohibir la aplicación de la pena capital a delitos de violación de menores ha sido acogida con satisfacción entre organizaciones abolicionistas. Sin embargo, la decisión de los jueces devuelve a la actualidad una de sus grandes reivindicaciones: las ejecuciones de personas con enfermedad mental, consideradas por asociaciones como Amnistía Internacional "uno de los aspectos más vergonzosos de este castigo indecente".

(EFE)

Según cálculos de AI, desde que se restableció la pena de muerte en 1977 hasta el pasado mes de diciembre han sido ejecutadas en Estados Unidos 1.099 personas, de las cuales, al menos cien padecían enfermedades o trastornos mentales graves. No obstante, las estadísticas hablan por sí solas: los actos violentos de personas que sufren este tipo de enfermedades no son frecuentes y sólo el 3% comete alguno a lo largo de su vida.

Asociaciones como FEAFES (Confederacion española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedades mentales) aluden una y otra vez a esta realidad, tratando de explicar que la mayoría de los crímenes que cometen los enfermos mentales se producen en situaciones de crisis derivadas de su estado mental. Para ellos, condenar a un enfermo por delitos resultado de un estado que no pueden controlar equivale a criminalizar su enfermedad. Rosa Ruiz, gerente de FEAFES, opina que la mayoría de accesos violentos son además consecuencia de un sistema desbordado que es incapaz de brindar a los enfermos la una prevención y atención adecuadas. "Una persona en su delirio realiza la actividad que siente como verdad y que vive como verdadera", explica.

FEAFES ya ha recogido junto a AI alrededor de 60.000 firmas por la abolición de la pena de muerte para personas discapacitadas, que han sido enviadas al embajador estadounidense en nuestro país y a los gobernadores de los estados donde se han practicado las últimas ejecuciones. Ruiz piensa que la presión ciudadana, aunque provenga de Europa, es fundamental a la hora de conseguir pequeños éxitos como el del pasado 9 de junio, cuando el gobernador del estado de Virginia conmutó la pena de Levar Walton, condenado por matar a tres personas, a cadena perpetua la víspera de su ejecución.

Enfermos mentales, sin el abrigo de la sentencia Atkins

Ya en 2002, la Suprema Corte determinó en una resolución histórica (el caso Atkins v. Virginia) en la que consideraba que la ejecución aplicada a delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual suponía una sanción excesiva que violaba la disposición de 'penas crueles' incluida en la Octava enmienda.

La sentencia señalaba que el retraso mental era una causa de riesgo a la hora de imponer la pena capital por la posibilidad de dar confesiones falsas por parte de los imputados, su incapacidad intelectual para demostrar factores atenuantes, asistir a un abogado defensor o, sobre todo, por poder ofrecer la sensación injustificada de ausencia de remordimiento por su crimen.

Sin embargo, aunque esta sentencia protege a personas con discapacidad intelectual (considerada una situación permanente) no funciona del mismo modo para condenados con enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión grave, el trastorno disociativo, las lesiones cerebrales o el trastorno de estrés post-traumático, cuyos efectos pueden ser tratados y no influir necesariamente en el momento del crimen. Desde entonces, diversas asociaciones psiquiátricas y jurídicas estadounidenses intentan definir qué trastornos pueden incluirse bajo el epígrafe 'enfermedad mental' para tratar de ampliar la protección que brinda Atkins. Algo que no siempre es posible.

Estados Unidos no es el único país que conserva la pena capital para personas con enfermedades mentales. China o Irán mantienen este tipo de castigo y, según explica María del Pozo, responsable del departamento de campañas de Amnistía Internacional en España, resulta mucho más difícil saber a cuántas personas se les aplica anualmente, ya que la falta de transparencia impide obtener datos fidedignos sobre la cantidad de ejecuciones que se aplican para este tipo de casos.