El CES no ve razonable que coexistan el aeropuerto de San Javier y el de Corvera

Murcia.-  El último informe del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia no considera razonable ni ventajoso para la Comunidad que coexistan los aeropuertos de San Javier y el que se está construyendo en Corvera, por lo que insta a las administraciones a que lleguen a una solución consensuada.

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(EFE)

El presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES), Antonio Reverte (c), y los vicepresidentes del CES, Matías Muñoz (i), y José García (d), durante la presentación hoy en Murcia de la Memoria Socioecómica y Laboral del año 2007.

La memoria socioeconómica del año 2007 del CES considera que el actual aeropuerto de San Javier "no reúne los requisitos adecuados para satisfacer la demanda del transporte aéreo de la Región", y estima necesario que se tenga en cuenta la situación laboral de sus trabajadores y la oferta de mano de obra del nuevo aeropuerto.

Por otro lado, la memoria del CES califica de "escasa" la información sobre la evolución y el estado del medio ambiente puesta a disposición de los ciudadanos y echa en falta información sobre la situación actual de la producción y gestión de residuos, la calidad de las aguas marinas y del ruido.

El catedrático de derecho del Trabajo de la UMU, Jesúa María Galiana, señaló en rueda de prensa que el tiempo medio actual en la tramitación de procedimientos en el ambito medioambiental es de 29 meses, cuando hasta el año 2007 no se tardaban mas de 23 meses, por lo que el CES pide a la Comunidad que redimensione las necesidades de celeridad y sus medios humanos y materiales.

En este sentido, recomienda una sección en la web de la Consejería de Desarrollo Sostenible destinada a los procedimientos de evaluación ambiental donde se muestre la documentación que se va generando en cada expediente.

En materia de asuntos sociales, recomienda la reelaboración y puesta al día del conjunto de ayudas y prestaciones para la inserción y protección social a través de la elaboración de un plan regional de inclusión social.

El CES también considera que los altos niveles de ejecución del presupuesto de las ayudas y prestaciones de inserción y protección social, prácticamente del cien por cien hasta 2005 y ampliamente por encima del crédito inicial los dos siguientes años, "pone de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos económicos del conjunto de medidas existentes en esta materia".

En cuanto a la Ley de Dependencia, subraya que se trata de una oportunidad importante para crear empleo, y advierte que la mayoría de prestaciones ya concedidas son para familiares de dependientes, con lo que no se fomenta la prestación de estos servicios por profesionales del sector y cuidadores externos.

En esta materia el CES llama la atención por el hecho de que existen discrepancias entre la información facilitada opr la administración regional comparada con la del sistema estatal para la autonomía y atención a la dependencia.

En materia de infraestructuras, se reclaman mejoras en la red secundaria, donde hay una intensidad de tráfico y de accidentes destacadas, y se apuesta por la dársena de El Gorguel acompañada por la conexión intermodal por carretera y ferrocarril en ese punto del puerto de Cartagena, así como la creación de una zona de actividad logística.

La memoria pone también de manifiesto que en aquel 2007 el colectivo inmigrante se vio perjudicado por el desempleo, ya que a finales de ese año comenzó la desaceleración económica, y el CES pone el acento en que este colectivo carece de la red de apoyo que proporciona la familia, por lo que propone medidas a corto plazo que les proporcionen medios básicos de subsistencia y favorecer el retorno a sus países.

"Por otra parte, se ha de evitar que la mayor competencia que ahora pudiera presentarse con los trabajadores españoles para acceder a un puesto de trabajo provoque rechazo hacia los inmigrantes o, incluso, fomente la xenofobia", según el CES.

El vicepresidente segundo del CES, José García Gómez, consideró necesario que la administración regional fomente el aumento del número de viviendas de protección pública con medidas que garanticen que las ayudas destinadas a promotores y adquirientes tengan incidencia en la creación de empleo.