Los proyectos de ley del Gobierno incluirán un informe sobre su impacto autonómico

Madrid.-  El Gobierno exigirá que todos sus proyectos normativos incluyan un informe específico sobre su impacto autonómico, en el que se analizará su adecuación competencial y su incidencia en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado hoy en el Senado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha adelantado la voluntad del Ejecutivo de reactivar la Comisión Delegada para Política Autonómica y de exigir, en el seno de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ese informe de impacto autonómico en cada proyecto.

De la Vega ha querido dejar claro que el Gobierno será "muy riguroso" a la hora de velar por sus competencias, pero, a la vez, se compromete a respetar las de las autonomías para seguir reduciendo la litigiosidad entre el Estado y las Comunidades.

Se ha referido a la reforma de la financiación autonómica, que "no puede plantearse sin tener en cuenta" el debate de la financiación local y que debe basarse en la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad interterritorial y en la garantía del Estado para que todos los ciudadanos disfruten "por igual de unos niveles mínimos en la prestación de los servicios públicos esenciales".

De la Vega ha aludido también a la renovación del Tribunal Constitucional (TC), una exigencia "inaplazable", por lo que ha instado a los senadores a que contribuyan a superar una "anomalía" que "se ha prolongado demasiado tiempo y a la que hay que poner fin cuanto antes".

Sobre la reforma del Senado, ha expresado la disposición del Gobierno a facilitar el camino del consenso para afrontarla, y ha pedido a los senadores que exploren la posibilidad de formular una propuesta, para lo que cuentan con el "apoyo" y el "compromiso" del Ejecutivo.

También el Gobierno apoyará todas las iniciativas de reforma de los estatutos de autonomía que sean "conformes con la Constitución" e impulsará el desarrollo de los textos ya aprobados, ha asegurado De la Vega, quien ha avanzado que el Ejecutivo presentará una propuesta para la regulación e institucionalización de la Conferencia de Presidentes a fin de asegurar su permanencia.

De la Vega ha manifestado el deseo del Gobierno de que la participación de las autonomías en los asuntos de la Unión Europea "continúe y se intensifique".

La vicepresidenta se ha referido asimismo a la presidencia de la UE que ostentará España en el primer semestre de 2010, "una oportunidad para situar en el primer plano político aquellos temas que nuestro país quiere impulsar de manera especial".

Mientras llega ese momento, el Gobierno espera que los responsables políticos europeos sean capaces de conducir a la Unión por el camino del acuerdo en torno al Tratado de Lisboa, ha dicho De la Vega antes de afirmar que España "trabajará duro para ello".

Como ya hiciera en su comparecencia en el Congreso el pasado 7 de mayo, la vicepresidenta ha reiterado la intención del Gobierno de reformar la Ley de Libertad Religiosa para adecuarla a la jurisprudencia del TC sobre el derecho a la libertad de conciencia.