LONDRES.- El primer ministro británico, Gordon Brown, superó hoy finalmente el trance de la votación para ampliar el plazo de detención sin cargos de los 28 días actuales a 42 por una ajustada mayoría de nueve papeletas que se considera corresponden a los diputados del Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés), después de que 37 laboristas se sumasen al rechazo de las demás formaciones de la oposición al refuerzo de las medidas antiterroristas diseñado por el Ministerio del Interior.
El primer ministro británico, Gordon Brown, superó hoy finalmente el trance de la votación para ampliar el plazo de detención sin cargos de los 28 días actuales a 42 por una ajustada mayoría de nueve papeletas que se considera corresponden a los diputados del Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés), después de que 37 laboristas se sumasen al rechazo de las demás formaciones de la oposición al refuerzo de las medidas antiterroristas diseñado por el Ministerio del Interior.
El resultado, tras más de cinco horas de debate, supone un balón de oxígeno para Brown, que afrontaba un serio riesgo de perder por primera vez en el Parlamento una votación cuando no ha cumplido un año en el poder, si bien la victoria está marcada por su dependencia de los representantes norirlandeses y la incapacidad de convencer a los diputados rebeldes de su partido de los perjuicios que un resultado negativo acarrearía para el Gobierno.
El escrutinio de 315 votos a favor y 305 en contra se dio a conocer en un ambiente bronco en el que el presidente del Parlamento, Michael Martin, tuvo que intervenir y tras el que se produjo una segunda votación que, no obstante, no arrojó novedades, después de que escasos minutos antes el DUP confirmase que respaldaría el proyecto legislativo, tras una jornada de debate interno en Westminster en la que rompió la tendencia de alineamiento con los conservadores.
Pese a los matices, el resultado constituye un alivio para el mandatario tras varias jornadas dedicadas a persuadir a sus filas de la necesidad de situarse de su parte y de que a tan sólo dos horas de la crucial votación, su portavoz asegurase que, de celebrarse en ese momento la consulta, el Ejecutivo perdería. Por ello, cuando se confirmó el resultado, las filas laboristas rompieron en una ovación que encontró su réplica en la reacción airada de los 'tories' por el papel determinante ejercido por la formación de Irlanda del Norte.
Así, el portavoz conservador del Interior, David Davis, reivindicó: "Nosotros ganamos el argumento, ellos compraron los votos". Y advirtió, al igual que los liberal demócratas, de que la batalla continuará en la Cámara de los Lores, donde el proyecto será debatido una vez superado el trámite de hoy en los Comunes y donde la oposición es ampliamente superior.
CONCESIONES
Durante la sesión se confirmó finalmente el anuncio de que la ministra del Interior, Jacqui Smith, incluiría una última concesión para intentar ganar apoyos basada en las compensaciones económicas que podrán recibir quienes superen los 28 días detenidos una vez la nueva medida entre en vigor, sin finalmente el proceso al que se sometan concluye sin cargos.
En su defensa del paquete de medidas, que se produjo a continuación del enconado enfrentamiento protagonizado en la sesión de control previa entre Brown y el líder 'tory', David Cameron, Smith incidió en que la amenaza terrorista no sólo es "real y seria", sino "mucho más despiadada que cualquiera que se haya afrontado antes", con riesgos como el de bombas radiactivas.
Por ello, insistió en la necesidad de los 28 días y aclaró que no será una medida "permanente o automática", ya que existe una "reserva de poderes" que garantiza que sólo se pueda emplear en "excepcionales circunstancias", con el respaldo del director de Procesos Públicos y únicamente con el visto bueno del Parlamento en una votación que deberá superar la autorización de las dos cámaras.
En este contexto, los focos se centran en la victoria con matices de Brown, empañada por la falta de autoridad sobre sus propios bancos, ya que, de haber dependido de ellos, habría sucumbido al trámite más delicado del año escaso que lleva en el poder y vería agravada una situación en la que su continuidad es abiertamente cuestionada en su propio gabinete y los movimientos para preparar su relevo han comenzado ya dos años antes de las elecciones generales.
El primer ministro asumió como una cuestión personal la ampliación del plazo de detención y, pese a enviar una carta a sus diputados para reclamar su apoyo a la medida, rechazó incluir más matices a una normativa que ha generado un importante malestar en frentes que van desde la política a la judicatura y las asociaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Así, la votación de hoy era analizada por algunos como un referéndum sobre su liderazgo, si bien según el consenso de las encuestas publicadas en los medios de comunicación, la mayoría de los ciudadanos apoya el refuerzo de la normativa de seguridad planteado por su Gabinete.
NEGOCIACIONES HASTA EL FINAL
Por ello, la estrategia para intentar decantar la sesión a favor del Gobierno se prolongó hasta el último minuto y el propio Brown llamó personalmente en repetidas ocasiones a los entre 35 y 40 laboristas que tenían previsto sumarse al rechazo de los conservadores y los liberal demócratas y que convirtieron en llave los nueve escaños del DUP en Westminster, donde el Ejecutivo ostenta una mayoría de 65 asientos.
El margen resultó tan ajustado como se preveía y, pese a que durante el debate la Cámara se encontraba semidesierta, a las 18.00 horas (una más en España), cuando tuvo lugar la votación, los asientos fueron masivamente ocupados en respuesta a la actuación llevada a cabo desde la residencia oficial para tratar de asegurarse hasta el último voto favorable con decisiones como la de acortar la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, a Oriente Próximo o la recomendación a todos los diputados de que evitasen cualquier tipo de contingencia, incluidos contratiempos de salud, que les impidiesen su presencia en Westminster.
En cualquier caso, el Gobierno británico ha negado cualquier acuerdo para destinar una partida de 260 millones de euros al Parlamento de Stormont a cambio del apoyo de los nueve representantes norirlandeses en Londres y mantiene que las únicas concesiones incluidas para la norma de los 42 días son las que Jacqui Smith dio a conocer la pasada semana en una reunión con el Grupo Parlamentario Laborista, en la que logró persuadir a más de una decena de miembros de que se pusiesen del lado de su departamento.
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