El PP vuelve arremeter contra las VIPP que la Junta tratará que tengan financiación del Estado

Toledo.-  El pleno de las Cortes ha sido hoy informado finalmente del Pacto por la Vivienda, después de que el PP criticara que se hiciera de espaldas a la Cámara, aunque en la sesión los populares han reiterado su oposición al mismo y a las viviendas de iniciativa pública-privada (VIPP), para las que se va a buscar financiación del Estado, según ha adelantado el PSOE.

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(EFE)

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que, entre otras cuestiones, debatió hoy en Toledo sobre el Pacto por la Vivienda en la región.

Durante el debate general que ha tenido lugar en la Cámara regional, el consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, ha informado al pleno de ese plan, que el PP denunció que fuera firmado antes de que se presentara en las Cortes.

PSOE y PP han reiterado sus argumentos a favor y en contra de esa iniciativa, que anunció en su día en el Parlamento regional el presidente de la Junta, José María Barreda.

La única novedad la ha aportado el diputado socialista José Molina, quien ha dado a conocer la voluntad del Ejecutivo regional de que el Ministerio incluya en el Plan Estatal de Vivienda la financiación para las VIPP, una ayuda que ahora sólo se concede a las viviendas protegidas.

El PP, a través de su portavoz en materia de Vivienda, Marcial Marín, ha acusado a Barreda de convertirse en el "verdugo de la vivienda protegida" y ha intentado que las Cortes aprobaran una resolución en la que instan al Ejecutivo regional a cumplir el compromiso de construir 50.000 viviendas protegidas en cuatro años y a que la ley de garantías de acceso a la vivienda, que tiene que aprobarse aún, tenga vigencia desde junio de 2007.

Por contra, el Parlamento ha dado el visto bueno a una propuesta socialista que aplaude el contenido del Pacto y el acuerdo social surgido en torno al mismo, al tiempo que insta a la Junta a aplicar con agilidad sus medidas y las reformas legales que precisa.

Fuera del salón de plenos, el incendio de Guadalajara de julio de 2005, que quemó casi 13.000 hectáreas y en cuya extinción fallecieron once miembros de un retén forestal, ha vuelto a enfrentar al PSOE y al PP, después de que esta semana la jueza que instruye el caso haya citado a declarar como imputada a la que era entonces consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo.

La presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, anunciaba a los periodistas que su partido, además de pedir en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para que explique los compromisos que ha cumplido el Gobierno tras el incendio, va a solicitar la reapertura de la comisión de investigación que hubo en las Cortes de Castilla-La Mancha.

De Cospedal ha justificado su petición en la "presunta falsedad de datos" aportados por la Junta "que aparecen en la instrucción judicial".

Sin embargo, el PSOE, a través de su portavoz, Santiago Moreno, ya ha avanzado que su grupo no apoyará la reapertura de la comisión, pues es momento de dejar trabajar a la Justicia.

El debate de una resolución sobre el II Plan de Atención a Personas Mayores de Castilla-La Mancha, que fue aprobada sólo con los votos del PSOE y en contra del PP, ha vuelto a evidenciar las discrepancias que Gobierno y oposición por la aplicación que se está haciendo en Castilla-La Mancha de la Ley de Dependencia.

El consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, ha indicado que desde que entró en vigor esa norma más de 11.000 personas en la región se han beneficiado de prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia y que la Junta este mes ya va a pagar ayudas a 1.253 familias que cuidan a dependientes, frente a las cero de Madrid o las veintitrés de Castilla y León.

En el pleno de la Cámara también se ha rechazado, con los votos del PSOE, una proposición no de ley del PP que pedía al Gobierno de la Nación que informara sobre las marcas y lotes de aceite de girasol contaminado importado por la UE de Ucrania, el grado de toxicidad que se detectó y si hubo riesgo para la población, mientras que al de la región le solicitaba que explicara las medidas que adoptó en esta crisis alimentaria.

El portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, ha destacado la coordinación que hubo entre el Gobierno y las comunidades autónomas y ha defendido que se retiraran de los supermercados todas las botellas de aceite de girasol hasta que se conociera la magnitud del problema.

Sin embargo, la diputada del PP Carmen Casero ha criticado la actuación del ministro de Sanidad, Bernat Soria, la desinformación a los consumidores, el perjuicio causado a los productores de la región y la inactividad de la Junta, que ha dicho estuvo "desaparecida".

En el pleno también se ha rechazado con los votos del PSOE una proposición del PP para construir instituto de Secundaria en Montealegre del Castillo (Albacete), que, según el consejero de Educación, José Valverde, no se hace porque esa localidad y los pueblos de alrededor no alcanzan el mínimo de demandantes necesario.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Montealegre y la asociación local de padres de alumnos continuarán "intentando" que se construya, según han explicado a la prensa el teniente de alcalde, Ezequiel Sáez, y la presidenta del Ampa, Paqui Jara.

En el pleno, también comparecieron las consejeras de Agricultura, Mercedes Gómez, y de Turismo y Artesanía, Magdalena Valerio, que fueron interpeladas por el PP sobre la crisis de la ganadería y las ayudas a la artesanía.

También lo hizo el de Educación, José Valverde, que informó del acuerdo entre la Junta y los sindicatos de personal docente, con el que ha dicho se quiere incentivar al profesorado, que es clave para el éxito de la educación.

Gómez ha indicado que ha propuesto que el Instituto Regional de Consumo analice cuáles son los precios idóneos a pagar en origen y en la venta al consumidor por los productos ganaderos, y Valerio, frente a las dificultades que ha denunciado el PP que tienen los artesanos para acceder a ayudas, ha dicho que un 76 por ciento del presupuesto de la Dirección General de Artesanía se destina a ayudas.

Por otro lado, los diputados han aprobado por unanimidad un crédito extraordinario de 157.678,66 euros para sufragar los gastos de los dos partidos políticos con representación en la Cámara -PSOE y PP- durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas.