La Audiencia Nacional justifica la absolución del etarra que proporcionó información para matar a Lindón

MADRID.-  La única prueba que implicaba a Urtzi Murueta Gondra en el asesinato del juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón era el testimonio de otro etarra, Orkaitz Gallastegui Sodupe, que no ratificó su declaración en el juicio, algo que no es "suficiente" para condenarle. Así es como la Audiencia Nacional justifica la absolución por falta de pruebas de Murueta, que ya está en libertad tras abandonar el martes la prisión de Fontcalent (Alicante) después de que Sección Tercera de la Sala de lo Penal le comunicara su absolución.

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EP (OTR/PRESS)

La única prueba que implicaba a Urtzi Murueta Gondra en el asesinato del juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón era el testimonio de otro etarra, Orkaitz Gallastegui Sodupe, que no ratificó su declaración en el juicio, algo que no es "suficiente" para condenarle. Así es como la Audiencia Nacional justifica la absolución por falta de pruebas de Murueta, que ya está en libertad tras abandonar el martes la prisión de Fontcalent (Alicante) después de que Sección Tercera de la Sala de lo Penal le comunicara su absolución.

En la sentencia, que se hizo pública hoy, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera probado que "un miembro de ETA se encargó de llevar a Orkatz Gallastegui hasta las proximidades de domicilio del magistrado y de indicarle él mismo quién era la persona sobre la que debía hacer la vigilancia", aunque no puede acreditar que ese integrante de la banda fuera el acusado.

Según la Sala, en la que ha actuado como ponente el magistrado Guillermo Ruiz-Polanco, la declaración autoinculpatoria de Gallastegui es "suficiente" para justificar su condena pero no la de Murueta, ya que no existen en la causa "hechos de alguna objetividad mínimamente acreditados que vengan a respaldar la verosimilitud, sin sombra de duda, de la inculpación".

La Fiscalía pedía para Murueta una pena de 30 años de cárcel como colaborador necesario y el pago de una indemnización de un millón de euros para los herederos del fallecido. Durante el juicio el ministerio público afirmó que Orkaitz Gallastegui, condenado a 26 años de cárcel por estos hechos, reconoció ante la policía y el juez haber elaborado la información sobre el magistrado por orden de Murueta, quien le acompañó en la primera vigilancia que realizaron.

Pero, como suele ser habitual en estos casos, durante el juicio Gallastegui se negó a inculpar a Murueta en estos hechos alegando que las declaraciones que realizó ante la policía y el juez fueron realizadas bajo torturas, intentando así dejar en entredicho la principal prueba de la acusación. En este sentido, el abogado defensor de Murueta solicitó su libre absolución amparándose en que "no pueden ser valoradas las declaraciones pre-sumariales".

En el juicio también declararon varios mandos de la Policía y de la Ertzaintza que corroboraron la versión ofrecida por la Fiscalía. Además, uno de los peritos policiales certificó la pertenencia a ETA del acusado a través de una carta incautada a la banda por la policía francesa. En esta misiva, un miembro terrorista recién ingresado en la organización comunicaba a sus superiores que Murueta ya le había "encargado información de matrículas de varios coches de policía". En la vista también declararon la viuda del juez Lindón y su hijo, que estuvieron presentes en el momento del atentado, perpetrado en el garaje de su casa.

LE EXPLOTÓ UNA BOMBA

Murueta fue detenido en la localidad francesa de Limoges en noviembre de 2002 donde tuvo que ser hospitalizado después de que le explotara un artefacto que estaba manipulando. En el hospital, al que llegó armado con una pistola, fue sometido a una operación en una mano y una pierna.

En aquellos momentos el etarra estaba en libertad bajo fianza tras ser procesado como autor de varios actos de kale borroka. La Justicia francesa le condenó en 2004 a seis años de prisión por asociación de malhechores y en septiembre del año pasado las autoridades galas le entregaron a España para que fuera juzgado por su participación en el asesinato del juez Lindón.