Las Palmas de Gran Canaria.- Numerosas asociaciones de consumidores y de vecinos, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) de Canarias, sindicatos y ecologistas pidieron hoy que se regulen los precios de los productos básicos de alimentación en Canarias para frenar la especulación y limitar su subida.
En la imagen, una panadería.
A su juicio, la carestía de la cesta de la compra en el archipiélago exige que la Administración intervenga, con el fin de fijar precios máximos y establecer márgenes comerciales que permitan a los ciudadanos acceder a los productos alimenticios de primera necesidad.
Estas organizaciones, integradas en la Plataforma por la Regulación de los Precios de los Productos Básicos de Alimentación, consideran que el alza de los precios es excesivo y no está justificado, razón por la que convocan a los ciudadanos a manifestarse el próximo 26 de junio en el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, indicó el portavoz de la Plataforma José Juan Sansó durante una rueda de prensa.
Los precios elevados se deben principalmente, a juicio de Sansó, a la especulación por parte de intermediarios y distribuidores, pues en ocasiones existe una diferencia de hasta un 400 por ciento entre lo que reciben los agricultores por un producto y el coste final a los consumidores.
El portavoz de la COAG Juan Hernández aseguró que los consumidores y los productores agrarios son los grandes perjudicados por esta situación, ya que los agricultores reciben de media el 20 por ciento del precio final.
Para acabar con esta diferencia, Hernández pidió que se obligue a los comerciantes a utilizar un doble etiquetado que incluya tanto el precio pagado por un producto al agricultor como el que finalmente abona el consumidor.
En su opinión, este doble etiquetado, que ya se utiliza en Cataluña y en países europeos como Francia, permitiría un abaratamiento de los precios de los alimentos en más del 50 por ciento.
El portavoz de la COAG mencionó, por ejemplo, que el precio del kilo de papa se abona al agricultor a entre 0,45 y 0,50 euros, mientras que el consumidor lo paga a entre 1,29 y 1,40 euros.
Además del doble etiquetado, los agricultores piden que se ponga en marcha un mercado agrícola en Las Palmas de Gran Canaria en el que los productores puedan vender directamente a los consumidores.
La Plataforma por la Regulación de los Precios de los Productos Básicos de Alimentación exige también que la Administración desarrolle políticas activas en Merca Las Palmas y en Merca Tenerife, así como otras actuaciones en los mercados municipales.
También pide que las subvenciones y ayudas a importadores y productores a través del Programa de Opciones Especificas por la Lejanía y la Insularidad de Canarias (POSEICAN) y del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), repercutan en el precio final a los consumidores.
La representante de las asociaciones de vecinos María Ángeles Sánchez se refirió a la situación de necesidad que se vive en muchos hogares canarios como consecuencia de los elevados precios de los alimentos.
La carestía, aseguró, perjudica especialmente a los pensionistas, que no pueden adquirir frutas y verduras ni alimentos de calidad, debido a su bajo poder adquisitivo.
A ello se une el elevado desempleo existente en Canarias, que obliga a muchos pensionistas a hacerse cargo de la alimentación de sus hijos en paro.
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