El fiscal mantiene la petición de 45 años de cárcel para tres dirigentes de GRAPO

Madrid.-  El fiscal ha mantenido hoy la petición de un total de 45 años de cárcel para los presuntos dirigentes de los GRAPO Juan García, Carmen Cayetano y María Aranzazu Díaz, detenidos el 9 de junio de 2006 en Reus (Tarragona), tras lo que la Guardia Civil dio por "prácticamente descabezada" la banda.

ampliar foto

(EFE)

El presunto miembro de los GRAPO Juan García Martín es colocado por policías de frente al tribunal, en presencia de la también supuesta terrorista María Aránzazu Diaz (d), tras ponerse de espaldas a los jueces después de un enfrentamiento verbal con éste, al inicio del juicio que comenzó hoy en la Audiencia Nacional en el que la Fiscalía los acusa de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos.

Al comienzo de la vista, que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, los tres acusados se han colocado de espaldas al tribunal, presidido por Alfonso Guevara, mientras denunciaban a gritos que "no hay justicia en España".

"¿Esta es la justicia de este país verdad?", ha preguntado la acusada Aranzazu Díaz, al tiempo que seguían gritando cuando el fiscal leía las preguntas a las que se han negado a contestar.

El fiscal sólo ha interrumpido la lectura de su lista de preguntas cuando Carmen Cayetano se ha puesto en pie y ha reconocido, gritando, ser del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr-GRAPO) pero ha negado pertenecer a la banda armada.

Como los acusados continuaban con su actitud y sus gritos, el presidente del tribunal ha ordenado a los agentes que les llevaran a los calabozos hasta el turno de última palabra.

Ya sin los acusados, el juicio ha continuado con las declaraciones de los peritos que participaron en el registro del domicilio en el que fueron detenidos los procesados y los que elaboraron los informes que indican que los tres eran dirigentes de la banda.

Los agentes de la Guardia Civil que han testificado han coincidido con el fiscal en que los tres acusados eran dirigentes de la rama política de los GRAPO, según los documentos intervenidos en su domicilio.

Estos documentos, según los peritos, también reflejan que la fuente de financiación de los GRAPO y del PCE-r es la misma y proviene de los robos con intimidación, fundamentalmente a entidades bancarias.

Así, el fiscal ha considerado mantener su petición de ocho años de prisión para Díaz por un delito de pertenencia a banda terrorista en grado de dirigente y cuatro años y tres meses por otro de falsificación documental con fines terroristas, mientras que para García y Cayetano, por los mismos delitos solicita 16 años y seis meses para cada uno.

El Ministerio Público ha considerado que "existe prueba de cargo suficiente" para incriminar a los acusados por la información incautada en el domicilio, donde entre otros papeles, se encontró también un informe en el que se analizaban los errores que habían llevado a la caída de los comandos de los GRAPO y se instaba a que no volviera a ocurrir lo mismo.

El abogado de los procesados, Juan María Olarieta, quien fue detenido el pasado enero por pertenecer presuntamente a los GRAPO y para el que la Sala de los Penal acordó la semana pasada prisión eludible bajo fianza, ha pedido la libre absolución.

El letrado cree que las pruebas aportadas por el fiscal "son confusas y no aclaran el meollo de la cuestión" y que no se ha podido comprobar que sus patrocinados pertenecen a la banda terrorista.