El acta de constitución de Unasur supone un avance más simbólico que práctico

Brasilia.-  La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) inició hoy en la capital brasileña una nueva andadura con la firma de su acta constitutiva, un acontecimiento que varios presidentes consideraron histórico, pero que supone un avance más simbólico que práctico.

El acta, aprobada en una cumbre extraordinaria en Brasilia, estipula la creación de unas instituciones básicas, entre ellas una Secretaría Permanente con sede en Quito, un Consejo de Jefes de Estado y otro de Ministros.

Pero el Consejo de Defensa suramericano, que era uno de los puntos concretos que habría permitido dar señales de consenso y progreso, no ha sido aprobado como esperaban miembros del Gobierno de Brasil, promotor de la iniciativa.

Varios países parecen reticentes a este organismo, aunque el único que lo ha dicho abiertamente es Colombia.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo hoy que su país "tiene una democracia viva y respetable", que es agredida por el terrorismo.

No obstante, los mandatarios acordaron crear un grupo de trabajo, como propuso Uribe, para definir en un plazo de 90 días cómo sería ese Consejo.

La crisis diplomática entre Colombia, Venezuela y Ecuador no llegó a empañar la cumbre, ni estuvo en la mesa de discusión, pero las tensiones fueron telón de fondo de las declaraciones de los presidentes y sus posturas respecto al futuro de la integración.

Doce presidentes estaban convocados para la cumbre, que inicialmente se celebraría en Cartagena de Indias (Colombia), y todos ellos acudieron a la cita, excepto Uruguay, que estuvo representado por su vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa.

La Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

El acta constitucional de la Unasur que todos firmaron hoy prevé cumbres presidenciales anuales, reuniones ministeriales semestrales y citas de delegados bimestrales.

El grupo nació con la ambición de algunos de contar en el futuro con un único mecanismo de integración, que aglutinara a los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Comunidad Andina (CAN) y se cimentara en los dos bloques, aunque sin cuestionar la continuidad de estos.

Indicio de las dificultades que sufre todo este proceso fue la retirada del secretario de Unasur del ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, tan solo un año después de haber sido designado para el cargo, por discrepancias con la mayoría de presidentes.

Borja sostiene que la CAN y el Mercosur "se acercan al agotamiento" y deben englobarse en un bloque regional que permita avanzar la "vocación integracionista" de la región, y cuestionaba la creación de un órgano ejecutivo de 12 miembros que dejaría, en su opinión, escasas competencias a la Secretaría.

Otro síntoma de las debilidades de la Unasur fue la imposibilidad de organizar una cumbre ordinaria en Cartagena cuando Bolivia esperaba pasar el testigo de la presidencia rotatoria a Colombia.

Uribe desistió de asumir este papel dada la crisis que atraviesa con Venezuela y Ecuador, y finalmente fue Chile quien tomó el relevo en Brasilia.

Pese a todo, los gobernantes intentaron poner una nota positiva en esta cumbre, que duró unas horas y en la que algunos líderes prácticamente sólo hicieron acto de presencia.

Los comentarios de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Evo Morales, subrayaron en la rueda de prensa de clausura el camino recorrido.

Lula afirmó que la Unasur nació como un interlocutor indispensable en un nuevo mundo multipolar y con capacidad para mover el tablero mundial.

Al aceptar la presidencia rotatoria, Bachelet instó a sus colegas suramericanos a usar "toda la energía posible para colocar en marcha esta unidad", que le dará a Suramérica "la oportunidad de tener una voz fuerte y clara ante el mundo".

El acta constitutiva prevé que todos los países de América Latina y el Caribe podrán solicitar su adhesión a la Unasur a partir del quinto año de la entrada en vigor del Tratado, que ahora deberá ser aprobado por los parlamentos nacionales.