Iglesias da instrucciones para presentar el recurso al decreto del trasvase a Barcelona

Zaragoza.-  El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que preparen el recurso de inconstitucionalidad al artículo 3 del decreto ley de abastecimiento a Barcelona, algo que podría aprobar el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el martes 27.

ampliar foto

(EFE)

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

El presidente dijo hoy en el Pleno de las Cortes que el recurso al artículo 3 del decreto, en el que se establece la posibilidad de vender derechos del agua, va paralelo a los "esfuerzos" para que el decreto ley (que autoriza la prolongación hasta Barcelona del mini-trasvase del Ebro a Tarragona) "se invalide" una vez superada la situación de emergencia hídrica en la ciudad condal.

Iglesias debió de responder hoy en el Pleno de las Cortes a tres preguntas sobre este decreto ley formuladas por los portavoces de los tres grupos de la oposición.

A la cuestión del presidente del PP, Gustavo Alcalde, que se interesó por "cuándo se ha dado cuenta" Iglesias de que el decreto ley autoriza un trasvase a Barcelona, Iglesias explicó que trasvase es la transferencia autorizada en 1981, pero que el decreto ley de marzo sólo supone la redistribución de los derechos de unos caudales.

El Gobierno de Aragón defendió el decreto ley cuando en Barcelona se vivía una situación de emergencia por la sequía, pero entonces "empezó a llover" y cuando en los pantanos catalanes había entrado ya toda el agua que se pretendía trasvasar, el Ejecutivo aragonés decidió empezar a hacer "todo lo posible" para que el decreto se invalide.

Eso lo calificó Iglesias como una actuación "coherente" en contraposición a la actitud del PP, porque el mismo día que los parlamentarios populares en las Cortes mantenían una posición "visceralmente contraria" al decreto ley, los diputados populares en el Congreso, "menos una (en alusión a Luisa Fernanda Rudi)" votaban sí al proyecto.

Alcalde, por su parte, alabó las últimas lluvias "que parece que han lavado las nieblas" que "estropeaban la visión" de Iglesias, a quien preguntó por los motivos que hacen que esa "redistribución" se haya convertido en "algo tan dañino" que le impela a pedir la derogación del decreto ley que la autoriza.

Lamentó el "ridículo" que a su juicio ha hecho Iglesias, de quien dijo que "sabía" desde el primer día que "esto era un trasvase" y que ha intentado hacer que los aragoneses "comulgaran con ruedas de molino".

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, se interesó por las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para solucionar la situación de los ciudadanos de 184 pueblos de Aragón, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, que tienen problemas de abastecimiento domiciliario.

Iglesias precisó que no hay problemas de abastecimiento y que lo que padecen esos municipios son dificultades puntuales en cuanto a almacenamiento, conducciones, captaciones, pozos o calidad de las aguas, aunque puede ser que en verano tengan más problemas por el incremento de la población.

Bernal reprochó al presidente que defendiera la declaración de urgencia del decreto ley del trasvase sin tener en cuenta estas situaciones que se dan en Aragón.

El Gobierno central y el catalán, dijo, "necesitaban un infiltrado" para "perpetrar el atraco", y ese es el papel que ha asumido Iglesias en palabras de Bernal, quien añadió que el presidente aragonés "ha dejado pasar un tiempo precioso" para intentar la invalidación del decreto y ahora pretende que los aragoneses se traguen "sus lágrimas de cocodrilo".

La pregunta del diputado de IU, Adolfo Barrena, se refería a si Iglesias considera necesario apoyar las iniciativas políticas con una movilización ciudadana y social.

El presidente recordó que su Gobierno no ha convocado nunca, ni es partidario, de convocar movilizaciones, aunque respeta totalmente el derecho de los ciudadanos a hacerlo.

Barrena se preguntó si el recurso al decreto, tanto por la vía contencioso-administrativa como ante el Tribunal Constitucional, es suficiente, porque dada la lentitud de la justicia puede ser que cuando haya una sentencia la tubería "lleve cinco años funcionando" y ésta sea, por tanto, de imposible aplicación.