Aprobada una ley de residuos que prevé la inhabilitación en caso de infracción grave

Santiago de Compostela.-  El Consello de la Xunta ha dado hoy el visto bueno al proyecto de ley de residuos, que fomentará la reducción, reutilización y reciclaje, y que prevé un régimen sancionador con multas de hasta 1,2 millones de euros e incluso la inhabilitación para ejercer actividades en los casos muy graves.

ampliar foto

(EFE)

Un agente de la Guardia Civil observando uno de los vertederos ilegales de escombros residuales de obras de construcción, caso por el cual fueron acusadas hace tres años diecinueve empresas.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, destacó hoy que esta norma supone que se dote a Galicia de una norma propia y un marco legal único e integrador del que hasta ahora carecía. La norma parte de la vocación del Gobierno gallego de perseguir "un país más limpio y mejor conservado", y agregó que tiene en cuenta las directivas europeas en la materia.

El proyecto legislativo establece el régimen jurídico aplicable a la producción de residuos y una concepción integral de ellos, además de fomentar las llamadas "tres erres": la reducción, reutilización y reciclaje.

La norma, que delimita las competencias de entidades locales, diputaciones y la Comunidad autónoma en la materia, regula también las obligaciones de los responsables de la puesta en el mercado de productos que, con su uso, se convierten en residuos.

Así, introduce la obligación para las empresas de hacer un autoanálisis ambiental anual, encaminada a la optimización de sus instalaciones. También obliga a una auditoría ambiental que implica la colaboración con las empresas para identificar sus puntos críticos en materia medioambiental.

La norma, igualmente, recoge la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil y la prestación de fianza o garantía a la que quedarán sujetas todas las actividades de gestión de residuos sometidas a autorización, como los productores de desechos, además de la declaración de utilidad pública e interés social para los efectos de expropiación forzosa.

Igualmente, recoge la exigencia de autorización administrativa para la instalación, modificación o traslado de industrias o actividades productoras de residuos peligrosos.

La ley determina también que corresponde a la Xunta la elaboración y aprobación de planes de residuos, que recogerán desde el ámbito material, territorial y temporal, y que deberán contar con un programa financiero de actuación. otra de las novedades de la norma abre la posibilidad de que las entidades locales elaboran sus propios planes de residuos urbanos que deberán respetar las directrices contenidas en el de la Xunta.

La norma también incorpora el procedimiento de declaración de un suelo como contaminado, que obliga a su descontaminación. A este respecto, el texto aprobado hoy pone especial atención a las repercusiones de la declaración de un suelo urbanizado sobre la planificación urbanística. De esta forma, no se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos en los ámbitos que incluyan suelos contaminados.

Respecto a la inspección, vigilancia y control, la ley establece que estas tareas de corresponden a la Consellería de Medio Ambiente o al municipio competente. El régimen sancionador establece un catálogo de infracciones y sanciones y recoge el principio de reparación y restauración del medio ambiente alterado.

En la norma, las infracciones se califican de muy graves, graves y leves. Por la comisión de las primeras, se podrán imponer sanciones como multas que van de los 30.500 euros hasta 1.2002.024, e incluso la inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas por un periodo de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.

Por la comisión de infracciones graves las multas van de los 601.000 euros a los 30.050, así como inhabilitación por un máximo de un año, mientras las lees llevan aparejadas multas de hasta 601.000 euros.