Sevilla.- La Junta ha aprobado la nueva estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la cual mantiene las mismas atribuciones, salvo las relativas a la asistencia social a las víctimas de violencia, que pasan a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Vista del incendio forestal declarado en 2006 en la zona conocida como Marismas del Pinar (Huelva), una zona próxima al Polo Químico de Huelva.
Según la estructura aprobada por el Consejo de Gobierno, Justicia y Administración Pública se hace cargo de las competencias en materia de recuperación de la memoria histórica, hasta ahora en manos de la Consejería de la Presidencia.
El otro cambio relevante es la creación de la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas, que asumirá el impulso a la mejora y modernización de las sedes judiciales, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Enrique Cervera.
Respecto a la memoria histórica y a la atención a ex-presos y represaliados, las nuevas competencias recibidas corresponderán a la viceconsejería. Asimismo, queda adscrita a la Consejería la Comisión Interdepartamental para el Reconocimiento de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo en Andalucía.
La nueva Dirección General de Infraestructuras y Sistemas se encargará, entre otras funciones, de los planes referentes a sedes judiciales, medios materiales, desarrollo de sistemas informáticos y planificación de proyectos de construcción y reforma.
En el área de Justicia, los cambios en el organigrama se completan con la supresión de la Dirección General de Asistencia Jurídica a las Víctimas (tras el traspaso de competencias a Igualdad y Bienestar Social) y con varios cambios de denominaciones de centros directivos: Secretaría General para la Justicia (anteriormente, para la Modernización de la Justicia), Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia (hasta ahora, de Instituciones y Cooperación con la Justicia) y Dirección General de Justicia Juvenil (antes, de Reforma Juvenil).
La Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal conserva su denominación, pero traspasa a la Secretaría General para la Administración Pública sus competencias sobre negociación colectiva en el campo de la Justicia.
En cuanto al ámbito de Administración Pública, también cambian de nombre dos direcciones generales: Inspección y Evaluación de Servicios (anteriormente, de Inspección y Evaluación) y Modernización e Innovación de los Servicios Públicos (hasta ahora, de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios).
Tras las modificaciones aprobadas, la nueva estructura de la Consejería de Justicia y Administración Pública queda como sigue:
Secretaría General para la Justicia
Secretaría General para la Administración Pública
Secretaría General Técnica
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal
Dirección General de Infraestructuras y Sistemas
Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia
Dirección General de Justicia Juvenil
Dirección General de la Función Pública
Dirección General de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos
Dirección General de Inspección y Evaluación de Servicios
Organismo adscrito: Instituto Andaluz de Administración Pública
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