El Gobierno italiano aprobará mañana las medidas sobre seguridad e inmigración

Roma.-  El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi celebra mañana en Nápoles su primer consejo de ministros, centrado en la crisis de las basuras que asfixia a esa ciudad sureña y a la región Campania y en las nuevas medidas sobre seguridad y contra la inmigración clandestina.

Todas las miradas están puestas en la Prefectura (Gobierno Civil) de Nápoles, en la monumental plaza del Plebiscito, lugar del Consejo de Ministro, y en el ya conocido como "paquete seguridad", para saber, entre otras, si al final se incluye el delito de inmigración clandestina.

Y es que mientras el ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas, es favorable a su introducción, alegando que ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania, la aliada Alianza Nacional, está en contra y aboga por expulsar sólo a los ilegales que hayan cometido delitos.

La oposición es contraria a la introducción de ese delito, al igual que destacados miembros de la Iglesia, como el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que ha dicho que es un "error" y que no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.

A la espera de conocer las medidas, que según Maroni estarán totalmente en vigor a mediados de julio, algunos medios locales desvelan hoy que el "paquete" está dividido en un decreto ley, un proyecto de ley y tres decretos legislativos sobre circulación de ciudadanos de la UE, reunificación familiar y derecho de asilo.

El decreto ley, asegura "Il Sole 24 Ore", contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fijar la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile casa a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros.

El decreto ley prevé también un aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel.

El proyecto de ley introduce un endurecimiento de las condiciones para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaba seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

Asimismo establece mayores poderes a los alcaldes y normas más severas contra la mafia. El "giro de tuerca" incluye normas sobre decoro urbano, destrucción de productos falsificados y un mayor control sobre las empresas de transferencias de dinero de los inmigrantes.

Respecto a la reunificación familiar, el diario asegura que el Gobierno introducirá el test del ADN para comprobar si de verdad son miembros de la misma familia.

Los ciudadanos de la UE podrán estar en Italia durante tres meses si tiene recursos económicos y se les podrán tomar las huellas dactilares.

Otro punto que levanta polémica es el de los asentamientos gitanos, especialmente después de que recientemente fueran quemados cinco en la provincia de Nápoles, obligando a evacuar a sus moradores.

Maroni ha dicho que serán desmantelados todos los asentamientos ilegales y que se crearán estructuras dignas y seguras. El ministro agregó que en esos asentamientos vive gente honrada y otra que no lo es y que quienes no tengan la documentación en regla serán encarcelados si han cometido un delito y expulsados a su país de origen.

A parte del tema de seguridad, el otro punto es la crisis de la basuras que ahoga a Nápoles y su solución es considerada por Berlusconi como "prioritaria".

El Gobierno si va directamente a la Prefectura no verá basuras, ya que las autoridades locales han asegurado que el centro de ciudad estará ya limpio en las próximas horas, aunque los medios locales señalan hoy que en la periferia siguen esparcidas, sin recoger, 50.000 toneladas de inmundicia.

Según fuentes políticas, el Gobierno aprobará la apertura de nuevos basureros y la construcción de nuevos incineradores. Para la primera fase de emergencia dedicará diez millones de euros.

Un punto crucial será convencer a los alcaldes de los pueblos donde se pretende construir basureros que lo acepten, ya que aunque los ciudadanos protestan por la acumulación de basuras en las calles, el temor a enfermedades y a otros problemas sanitarios se niegan a aceptarlas en sus zonas.