Madrid.- Los consejeros de Justicia de Madrid y Valencia han remitido hoy al ministro Mariano Fernández Bermejo un manifiesto con trece propuestas de reforma de la Administración de Justicia, entre ellas el desarrollo de una "aplicación informática común" que interconecte los diversos juzgados de España.
El vicepresidente segundo del Gobierno regional madrileño y consejero de Justicia, Alfredo Prada (i), y su homólogo valenciano, Fernando de Rosa (d), se reunieron para impulsar una iniciativa conjunta por la que pedirán al Gobierno español "la reforma y modernización de la Administración de Justicia".
El consejero madrileño, Alfredo Prada, y el valenciano, Fernando de Rosa, consideran "imprescindible" esta "intercomunicación informática", sobre todo en lo que respecta a la ejecución de las sentencias penales y en especial en "aquellos casos que por su gravedad y tipología delictiva así lo requieren con la máxima urgencia", según consta en el documento.
Por ello, han acordado que, en tanto en cuanto no se adopte esa medida, sus respectivas comunidades van a "estudiar fórmulas de interconexión informática entre los juzgados y tribunales radicados en ambos territorios".
Otra de sus propuestas es hacer una "apuesta real por la incorporación de las nuevas tecnologías" en la Administración de Justicia, para lo que piden una Ley Orgánica de Modernización que establezca las normas básicas para introducir estas tecnologías en los procedimientos.
El conseller valenciano ha afirmado que "no puede ser que no exista en España una ley específica que diga cómo se puede utilizar el correo electrónico en el ámbito de los juzgados, la firma electrónica, las videoconferencias, el expediente electrónico, y que desaparezca el papel como vehículo ordinario".
Ha advertido además de que Madrid y Valencia pondrán esta ley como "requisito indispensable" para cualquier negociación sectorial a la que sean llamados.
Otros de los puntos del manifiesto son: el aumento de la planta judicial, la creación de nuevas demarcaciones judiciales, la digitalización de los registro civiles, mayor capacidad de decisión de las comunidades autónomas en materia de personal y establecer condiciones laborales homogéneas en toda España.
También quieren que el dinero recaudado por tasas judiciales se transfiera a las comunidades, con el compromiso de éstas de invertirlo en la modernización de la Justicia; que los gobiernos autonómicos sean los que decidan dónde y cuándo se crean nuevos órganos judiciales; y que el Ministerio cree un fondo de ayuda para contribuir a la puesta en marcha de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
El manifiesto de las Consejerías madrileña y valenciana aboga además por un Pacto de Estado sobre la Administración de Justicia, semejante al firmado en 2001.
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