Bogotá protesta ante Managua por el traslado de dos presuntas rebeldes desde Quito

Bogotá.-  El Gobierno colombiano protestó hoy ante el de Nicaragua por el "acto inamistoso" del traslado aéreo de Quito a Managua de dos presuntas guerrilleras de las FARC, heridas en el bombardeo de marzo último a un campamento rebelde en Ecuador.

La operación del país centroamericano, realizada el pasado domingo, causó molestia en el Ejecutivo de Bogotá, al que de manera previa las autoridades nicaragüenses pidieron autorización para sobrevolar el espacio aéreo del país.

La solicitud fue formalizada mediante una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua fechada el pasado 8 de mayo y que, según lo reveló la cancillería colombiana, señalaba que la misión de la aeronave era la de "traslado de personal en gira oficial a la República del Ecuador".

Sólo por ese motivo "se autorizó dicho permiso", advirtió el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, en una "enérgica protesta" dirigida a su colega nicaragüense, Samuel Santos, y divulgada hoy en Bogotá.

En la nota Araújo dijo que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe registraba "con sorpresa" que la misión fue organizada para trasladar de Quito a Managua, en un avión militar, a Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres.

Ellas y la mexicana Lucía Morett, todas asiladas ahora en Nicaragua, fueron rescatadas heridas por militares de Ecuador en el campamento de las FARC en ese país, el cual fue bombardeado por tropas colombianas el pasado 1 de marzo, acción que desató una crisis diplomática regional que no ha sido superada.

Araújo recordó que ambas son "sospechosas de pertenecer a grupos terroristas" por haberse encontrado en la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y observó que Nicaragua hizo el traslado en un avión, al parecer, militar.

"Este acto inamistoso de amparo a personas sospechosas de apoyar a grupos terroristas, utilizando para ello una nave oficial de ese país, constituye una clara violación a lo estipulado en el Artículo Tres de la Convención sobre Aviación Civil Internacional", sostuvo el canciller.

El ministro recordó que este convenio, suscrito en Chicago (Estados Unidos) en 1944, establece que ningún avión estatal de un Estado parte podrá volar sobre otro o aterrizar en él "sin haber obtenido autorización para ello, por acuerdo especial o de otro, modo, y de conformidad con las condiciones de la autorización".

"El Gobierno de Colombia se declara profundamente preocupado por este flagrante abuso del principio de la buena fe, el cual debe prevalecer en las relaciones entre Estados, con el objeto de favorecer personas allegadas a grupos terroristas", puntualizó el canciller Araújo.

"En nombre de mi Gobierno presento la más enérgica protesta, esperando que actos como el señalado, que abiertamente afectan la confianza entre nuestros gobiernos, no se vuelvan a repetir", subrayó.

La nota de Colombia a Nicaragua, fechada el pasado 14 de mayo pero sólo divulgada hasta hoy, sobrevino en un momento en el que las tensiones entre el primer país y sus vecinos Ecuador y Venezuela se han incrementado después del respaldo que la Interpol ofreció al Ejecutivo en Bogotá por el manejo que hizo de los equipos informáticos decomisados en la base guerrillera bombardeada.

Las autoridades colombianas se incautaron allí de tres ordenadores personales, tres unidades de memoria USB y dos discos externos, cuya propiedad fue atribuida al abatido alias "Raúl Reyes", segundo al mando y portavoz internacional de las FARC.

"Reyes" murió en el bombardeo del pasado 1 de marzo junto a otras 25 personas, entre ellas un presunto guerrillero ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.

En la operación también pereció un militar colombiano, en la frontera sur de su país con Ecuador, cuyo gobierno rompió relaciones con Bogotá dos días después del bombardeo.

En solidaridad con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el nicaragüense, Daniel Ortega, también rompió con Colombia el 6 de marzo.

A su turno, el gobernante venezolano, Hugo Chávez, anunció el 3 de marzo que cerraba la embajada de su país en Bogotá y expulsaba al personal diplomático colombiano en Caracas.