Málaga.- La defensa del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca cifra en 24 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la "mala gestión" de los bienes intervenidos a su cliente en el "caso Malaya" por parte del que fue administrador judicial, cesado el pasado febrero.
La defensa del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca (d) cifra en 24 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la "mala gestión" de los bienes intervenidos a su cliente (i) en el "caso Malaya".
El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, ha asegurado hoy que se están subastando todos los bienes de su defendido porque no se han atendido los pagos hipotecarios a los que había que hacer frente, y ha anunciado que solicitará a través del juzgado que se realice una auditoría, medida con la que se habrían mostrado de acuerdo los actuales administradores judiciales.
El letrado ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en la vistilla celebrada en la Audiencia Provincial de Málaga para estudiar los recursos contra el auto que fijaba una fianza de un millón de euros para que Roca eludiera la prisión por el "caso Malaya", así como ante los periodistas al terminar la misma.
Álvarez ha aseverado que "han desaparecido bienes" de Roca y ha afirmado que el ex administrador judicial no ha atendido tampoco distintos procedimientos judiciales en relación con el patrimonio de su cliente, lo que ha originado unos perjuicios económicos que superan los diez millones de euros, cifra que se incluye en la cuantía inicial denunciada por el abogado.
Ha señalado que los bienes trabados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella "están para responder de una hipotética condena en un futuro" de su defendido y ha destacado que en el caso de que fuese absuelto "tendrían que devolverle los bienes en su mismo estado, cosa que no va a ocurrir porque tenemos un desfase de la cifra nada desdeñable de 4.000 millones de pesetas".
El administrador judicial José Luis Gallardo, que se encontraba a cargo de las sociedades intervenidas a Roca en la "Operación Malaya", cesó en febrero tras presentar su renuncia al cargo "por motivos personales".
En la resolución, el juez instructor del caso instaba a Gallardo a presentar un informe de su gestión en el que se especificaran las retribuciones percibidas y una propuesta de liquidación de sus honorarios y se establecía el nombramiento de dos nuevos administradores judiciales en sustitución del cesante.
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