Proyecto de tren de alta velocidad en Argentina suma nueva denuncia

Buenos Aires.-  Un ex senador y un abogado argentinos presentaron hoy una denuncia penal contra el proyecto impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández para construir un tren de alta velocidad, obra adjudicada a la francesa Alstom.

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(EFE)

Al lanzar la licitación del proyecto, el Gobierno de Fernández había calculado que demandaría un gasto de 1.500 millones de dólares, pero a comienzos de abril anunció que emitirá bonos de deuda hasta por 2.070 millones para financiarlas.

La denuncia fue radicada ante el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid por el ex legislador Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans, quienes calificaron al millonario proyecto ferroviario como un "asalto a las arcas públicas".

Los denunciantes señalaron en su escrito que "la falta de informes técnicos previos y la incongruencia de las cifras anunciadas hacen temer que en vez de un 'salto a la modernidad'", como ha calificado Cristina Fernández a esta obra, "el tren bala sea un verdadero asalto a las arcas públicas".

Según Cafiero y Monner Sans, "la licitación pública habría sido en realidad un acto ficticio" para "disimular" una adjudicación directa a Alstom, que encabeza el consorcio Veloxia, también integrado por la española Isolux y las argentinas Iecsa (Grupo Socma) y Emepa, que hará el tendido del tren entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, las tres ciudades más pobladas del país.

Además, aseguraron que el mecanismo financiero a través del cual el banco francés Natixis dará un crédito a Argentina para solventar las obras "es sumamente ruinoso".

Según señaló Monner Sans en declaraciones radiales, la denuncia pide a la Justicia que investigue los posibles delitos de "violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta del patrimonio estatal" que se habrían cometido en el proceso de adjudicación del proyecto ferroviario.

La denuncia apunta al ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los ex ministros de Economía Felisa Miceli, Miguel Peirano y Martín Losteau, que intervinieron en diferentes etapas del proceso de licitación.

El mes pasado, un día después de concretada la adjudicación a Veloxia, la Coalición Cívica, una de las mayores fuerzas de la oposición en Argentina, acudió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para denunciar actos ilícitos en la concesión "escandalosa" de la obra, como supuestas violaciones a las normas de licitación pública y cambios en el costo de la inversión.

Diputados de la también opositora Unión Cívica Radical (UCR) ya se habían presentado a la Justicia para pedir la impugnación del proceso de licitación del "tren bala" iniciado hace dos años y en marzo pasado recurrieron a la Corte Suprema para tratar de frenar el ambicioso proyecto oficial en el que ven violaciones a la Constitución y a la Ley de Obra Pública.

Al lanzar la licitación del proyecto, el Gobierno de Fernández había calculado que demandaría un gasto de 1.500 millones de dólares, pero a comienzos de abril anunció que emitirá bonos de deuda hasta por 2.070 millones para financiarlas.

Esto es porque el préstamo que le otorgará Natixis al Estado argentino tendrá como garantía títulos públicos emitidos en dólares, a treinta años y con una tasa de interés anual de entre el 12 y el 13 por ciento, lo cual elevaría el coste financiero total del proyecto a unos 3.900 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la prensa local.

Natixis cobrará además comisiones como agente colocador de los bonos y por la estructuración de la emisión de deuda.

Argentina tiene en cartera otros dos concursos para disponer del tren de alta velocidad entre la capital y Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires), por una parte, y entre Buenos Aires y Mendoza (1.000 kilómetros al oeste de la capital argentina).