Toledo.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Vivienda y los agentes sociales y económicos de la región han firmado hoy un acuerdo por el que se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda asequible a los casi 50.000 demandantes registrados.
En la imagen, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
El acuerdo ha sido suscrito en Toledo por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor; y los responsables de CCOO, UGT y la Confederación regional de Empresarios (CECAM), José Luis Gil, Carlos Pedrosa y Jesús Bárcenas, respectivamente.
La principal medida del pacto, con horizonte temporal 2008-2015, es la creación de un nuevo tipo de vivienda público-privada que los empresarios construirán con la garantía de financiación y de venta por parte del Ejecutivo a cambio de que las hagan en los lugares donde hay demanda y de que renuncien a un margen de sus beneficios.
La ministra de Vivienda ha manifestado que el acuerdo aporta una solución "imaginativa" a la situación que atraviesa Castilla-La Mancha, aunque ha dejado claro que el propósito del Gobierno es "no impedir artificialmente el necesario ajuste del sector" de la construcción, sino hacer que ese ajuste se produzca "de forma inteligente".
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