El justo reparto del problema del cambio climático

¿Cuál es la forma más justa de repartirse el problema del cambio climático entre todos los países del planeta? En un reciente seminario en Madrid, Bo Kjellen y Sivan Kartha, del Instituto Ambiental de Estocolmo, han presentado una propuesta para repartir la 'carga' necesaria entre todas las naciones.

El punto de partida de este trabajo es que el criterio empleado debe depender tanto de la 'capacidad' como de la 'responsabilidad' de cada cual.

El criterio de 'capacidad' implica que cualquier individuo con una renta por debajo de un cierto 'nivel de subsistencia' (que los autores valoran en 16 dólares por día) debiera estar exento, y los demás contribuir en función del exceso. El de 'responsabilidad' lo valoran como las emisiones acumuladas de dióxido de carbono con posterioridad a 1990, fecha en que la evidencia científica se puede considerar ya como adecuada. Ambos criterios se pueden combinar en el índice IRC que cuantifica la carga a asumir por cada nación.

Los resultados no son sorprendentes. Los Estados Unidos debieran soportar un 34% de la carga, la Unión Europea un 27%, China un 7% y la India un mero 0,3%. A España le correspondería un 2,2%. Es importante señalar que aunque es cierto que los valores específicos de los parámetros son discutibles (¿16 dólares o 25, 1990 o 1995?), los «números gordos» no cambian mucho aunque se empleen otros.

El esquema tiene la ventaja adicional que las cifras se van ajustando conforme las naciones se enriquecen o reducen sus emisiones. Y por último señalar que dadas las grandes reducciones de emisiones que van a ser necesarias, un 34 o un 27% del total sólo puede lograrse si los Estados Unidos y la Unión Europea se involucran activamente fuera de sus fronteras. En suma, que la justicia (así como la eficiencia) van a requerir que los acuerdos de lucha contra el cambio climático tengan el carácter de un 'Plan Marshall' en relación a los países en vías de desarrollo.

Las negociaciones internacionales para la lucha contra el cambio climático global tienen una larga y, en muchos aspectos, no muy estimulante historia. El tratado fundamental es la llamada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (más conocida como UNFCCC por sus iniciales en inglés), adoptada en 1992, y de la que depende el famoso

Protocolo de Kioto. En dicha fecha existía ya evidencia científica sobre los riesgos que suponían las emisiones de gases de efecto invernadero que ahora, 15 años más tarde, es ya abrumadora. Cosa que, como en el caso de la evolución de las especies o del origen vírico del Sida, sería deseable tener que repetir con tanta frecuencia.

Creo que en estos años nos hemos dado el lujo de perder un tiempo del que realmente no disponemos. El protocolo de Kioto ha entrado en vigor tarde (en 2005) y mal (los objetivos de Kioto son muy modestos y no participa el mayor emisor del mundo: los Estados Unidos). Parte de la clave está relacionado en lo que a veces se denominan 'problemas de acción colectiva', es decir, cómo lograr un compromiso eficaz de un gran número de gobiernos de estados soberanos que no reconocen ninguna autoridad superior, con algunas excepciones esperanzadoras como la Unión Europea.

En estas circunstancias me parece que la fuerza que imponga el cumplimiento de los compromisos requeridos ha de venir principalmente de una opinión pública que ha de percibir que los esfuerzos que se piden son necesarios y justos. El transmitir la necesidad depende de una comunidad científica honrada y de una comunidad política responsable. La justicia es un aspecto normativo que debe ser cuantificado.

*Julián Barquín, profesor en la Escuela de Ingeniería (ICAI) e investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas.

(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).