Brasilia.- La ministra de la Presidencia de Brasil, Dilma Rousseff, volvió a negar hoy que exista un dossier sobre supuestas irregularidades en gastos del Gobierno anterior, pero admitió que desde su despacho se filtraron datos que así lo sugieren.
Rousseff (en la imagen) compareció hoy ante una comisión del Senado que la había convocado para hablar sobre un ambicioso plan de inversiones del Gobierno, que gestiona su despacho, pero la discusión fue llevada por la oposición al terreno político.
Rousseff compareció hoy ante una comisión del Senado que la había convocado para hablar sobre un ambicioso plan de inversiones del Gobierno, que gestiona su despacho, pero la discusión fue llevada por la oposición al terreno político.
El senador opositor Arthur Virgilio do Carmo llegó a sugerir que Rousseff, considerada "brazo derecho" del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, incurrió en un "crimen de responsabilidad", una grave falta administrativa que puede conducir a la destitución.
Según el senador, la ministra es responsable, aunque sea indirectamente, por la filtración a la prensa de informaciones reservadas sobre gastos del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) y funcionarios de su Gobierno con tarjetas de crédito oficiales.
El senador, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el mismo de Cardoso, y que fue ministro durante su gestión, sostuvo que datos sobre sus propios gastos mientras estuvo en el Gobierno no llegaron a sus manos, pero "sí a manos de quienes los filtraron".
En su opinión, eso "constituye un crimen de responsabilidad por parte de la titular" del Ministerio de la Presidencia, de donde el Gobierno admite que salieron las informaciones entregadas a algunos medios.
Rousseff insistió en negar su responsabilidad, aunque admitió que los datos fueron filtrados desde su despacho, y recordó que el caso es objeto de una investigación de la Policía Federal, pedida por el propio Gobierno.
"Hubo un delito y se está investigando", afirmó la ministra, que en el medio político oficialista es citada como posible candidata presidencial en las elecciones del 2010.
El caso de las tarjetas de crédito del Gobierno estalló a inicios de este año, cuando organismos de contraloría revelaron que el gasto con esos plásticos aumentó en 2007 un 127 por ciento en relación con 2006.
El asunto causó, en febrero pasado, la dimisión de Matilde Ribeiro como ministra de Igualdad Racial, después de admitir que usó la tarjeta para alquilar autos y hacer compras en tiendas libres de impuestos de un aeropuerto.
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