Toledo.- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, advirtió hoy a los empresarios agrícolas que habrá "tolerancia cero" con la contratación ilegal y les pide que presenten sus necesidades de mano de obra para la próxima campaña de la vendimia antes de primeros de junio.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano (tercero por la izquierda), ha presidido una reunión acerca de la contratación de mano de obra para las próximas campañas agrícolas.
El delegado del Gobierno se reunió hoy en Toledo con los representantes de las organizaciones agrarias más representativas (Asaja y Coag -Upa excusó su asistencia por coincidir con una manifestación de ganaderos-, Ucaman, sindicatos UGT y CC.OO., Sepecam y Ministerio de Trabajo, en representación del cual estuvo la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez.
Con este tipo de reuniones se quiere planificar y prever con antelación las necesidades que tienen los empresarios agrícolas de la región para las diferentes campañas de recolección, especialmente la vendimia, en la que en 2007 murieron al menos tres inmigrantes ilegales y se desmantelaron varios asentamientos de temporeros irregulares.
Díaz-Cano cifró en más de 20.000 los jornaleros que serán necesarios para la próxima campaña de recolección de la uva, teniendo en cuenta que en la anterior se formalizaron unos 18.000 contratos.
Durante la reunión, el delegado del Gobierno y la directora general de Inmigración dejaron claro que "habrá tolerancia cero" con la contratación ilegal y toda la mano de obra será "absolutamente legal y de respeto a la dignidad de las personas".
Para hacer cumplir la ley y también para evitar los asentamientos irregulares, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado ya tienen instrucciones para colaborar con los inspectores de Trabajo.
A pesar de la polémica que hubo el verano pasado por las contrataciones ilegales y las condiciones en que vivían algunos temporeros, Díaz Cano indicó que 2007 marcó un punto de inflexión y un avance respecto a otras campañas agrícolas, porque las 18.000 contrataciones supusieron cuatro veces más que en 2006 y, aún así, se manifestaron "carencias" que se pretender solventar en la del 2008.
Por tanto, la Administración pide a los agricultores que hagan su previsión de contratación en origen para los temporeros que no puedan contratarse en España, teniendo en cuenta que el trámite tarda al menos tres meses.
Además, la Administración Central colaborará con los servicios públicos de empleo de otras comunidades autónomas para coordinar la rotación de temporeros por diferentes campañas en el territorio nacional.
Para hacer frente a la acumulación de trabajo que prevé la tramitación de estas contrataciones, la Delegación del Gobierno reforzará el aparato administrativo y los medios materiales.
Sobre si se habilitarán mecanismos para que la mano de obra parada del sector de la construcción se derive al campo, la directora general de Inmigración indicó que se recurre a la mano de obra extranjera cuando no hay disponibilidad de nacionales y de extranjeros residentes de forma legal.
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