Barreda suavizaría las exigencias de agua y financiación si se logran pactos de Estado

Madrid.-  El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, está dispuesto a "flexibilizar" las propuestas sobre agua y financiación que recoge la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad siempre y cuando se fragüen grandes acuerdos nacionales en ambas materias.

Barreda, en una entrevista con la Agencia EFE, expone que "sólo" se plantearía revisar esas posiciones, entre las que se incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, en pro de un gran pacto nacional, para el que colaboraría "sin mantener posturas maximalistas e inamovibles desde Castilla-La Mancha".

Si no es por alcanzar ese "bien superior", Castilla-La Mancha mantendrá las exigencias recogidas en la propuesta de reforma de Estatuto que las Cortes regionales aprobaron por unanimidad y que está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

El jefe del Ejecutivo regional calcula que el texto no será tomado en consideración antes de septiembre y confía en que el Congreso de los Diputados valore que la propuesta estatutaria salió de Castilla-La Mancha con el consenso del PP y del PSOE.

En materia hidráulica, Barreda asume que la caducidad del Tajo-Segura en 2015 "va a generar tensión", pues el agua es un asunto en el que los planteamientos territoriales superan a los ideológicos, como ha quedado patente con motivo de la derivación de agua del Ebro a Barcelona.

A su juicio, España necesita un gran acuerdo nacional en materia hidráulica, por lo que propone un pacto que se apoye "en un mínimo, en un denominador común en el que todos podemos estar de acuerdo: en que no le falte el agua a ningún español para beber".

Ante el lema "agua para todos" que defienden en Murcia, Barreda contrapone: "agua para todos, sí; agua para todo, no. Agua para beber, sí; agua para mantener desarrollos que no son sostenibles, no".

Añade al respecto: "los castellanomanchegos jamás le negaremos el agua a ningún otro español para beber cuando la necesite y siempre que nosotros la podamos ofrecer, pero agua para mantener desarrollos que no son sostenibles, de ninguna manera".

El presidente del Ejecutivo regional opina que su comunidad autónoma "tiene más fuerza moral que ninguna otra" para hablar de agua, pues es la única que realiza un trasvase desde el franquismo.

Por ello, sin ese gran pacto nacional, promete que Castilla-La Mancha defenderá la cláusula del final del trasvase, una caducidad que, por otra parte, cuenta con que "llegue de la forma más natural" cuando la comunidad cuente con la infraestructura necesaria para usar el agua y ejerza la prioridad que le concede la ley como cuenca cedente.

En cuanto a la financiación, Barreda también está dispuesto a "revisar" la fórmula prevista en el Estatuto para regular las inversiones del Estado en la comunidad.

Según ese modelo, se deberán tener en consideración la participación del PIB regional en el PIB nacional, más el peso de la población castellanomanchega en la del conjunto del Estado y más la proporción que en el total de la superficie de España representa la de Castilla-La Mancha.

Además, se agrega la exigencia al Estado para que aporte recursos iguales al 1 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha hasta que la renta de la región se equipare a la media del Estado.

Barreda argumenta que "el meollo de la cuestión" es que "la igualdad es esencial y que la solidaridad es sólo un instrumento para conseguirla".

Y añade que la igualdad no sólo se refiere a la sanidad, a la educación y a las prestaciones sociales "como pretenden algunos", sino que "tiene que ser real" a la hora de las oportunidades, a la hora de las posibilidades para el desarrollo económico.

"Cuando el punto de partida no es el mismo y se da un trato igual a situaciones que son desiguales, se perpetúa la desigualdad", subraya el presidente castellanomanchego, quien insiste en que la financiación autonómica tiene que perseguir el objetivo de la igualdad entre todos los españoles.

Barreda asume que el acuerdo "va a ser difícil, indudablemente complicado", pues ninguna región querrá recibir menos que ahora y "al final, la suma tiene que ser de cien".