El peligro de las alertas alimentarias de ida y vuelta

Se recomendó no consumirlo pero no entraña peligro para la salud y se lanzó una alerta sanitaria pero no se obligó a los comercios a retirarlo de la cadena de venta. La gestión de la crisis del aceite de girasol, por una supuesta contaminación de una partida procedente de Ucrania, no ha sido la "más brillante" que ha afrontado el Ministerio de Sanidad, según los expertos y las asociaciones de consumidores. En poco más de dos días ha sido decretada y levantada una alerta alimentaria de ida y vuelta. El antecedente de la crisis del aceite de orujo, que provocó grandes pérdidas en el sector, pone sobre aviso al sector.

Lavandeira jr (EFE)

Aceite de girasol

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia la "falta de transparencia" de Sanidad y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) califica de "absoluta barbaridad" la gestión. La medida adoptada por el departamento de Bernat Soria, recomendando no consumir aceite de girasol por "precaución", ha desembocado en una nueva polémica en torno a los riesgos en la cadena de alimentación y las alertas que acaban en nada.

"Lo peor es la opacidad del Gobierno y las numerosas informaciones contradictorias que se han lanzado durante todo el fin de semana", denuncia Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. "Las autoridades siguen sin tratarnos a los consumidores como adultos, y no nos dan toda la información", se lamenta. Esta queja la comparte también la UPA, para quien "la transmisión de la información no ha sido la más correcta. Aún se desconoce las marcas, la cantidad exportada, el grado de contaminación...", señala su portavoz, Mario Alejandre.

A los pequeños agricultores les preocupa la imagen que pueda quedar del aceite en los consumidores. "En los últimos años hemos padecido varias crisis (colza, orujo, girasol), y nuestra posición es la más difícil, al tener que estar defendiendo un producto que tiene garantías de seguridad", afirma Alejandre. Garantías de seguridad, esa es la clave. Para el catedrático Andrés Otero, que forma parte del departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León, "estamos en el mejor momento histórico" en lo que se refiere a sistemas de seguridad, "aunque algunos problemas son inevitables, por el factor humano presente en la cadena de control". Los expertos consultados coinciden en señalar el sistema de trazabilidad (por el cual se sigue la pista de un producto desde su origen hasta su comercialización) como principal garantía de control.

Sin embargo, en los últimos años en España los consumidores nos hemos sobresaltado con alertas e informaciones contradictorias sobre los alimentos. El temor a no actuar de la misma forma caótica con la que se abordó la crisis del aceite de colza (con las deficiencias de seguridad que había en plena transición y la forma de distribución a domicilio del producto) ha llevado a las autoridades españolas a extremar las garantías y curarse en salud. "Yo creo que parte de las decisiones adoptadas en las crisis del aceite de orujo y la actual están muy mediatizadas por el caso de la colza, llueve sobre mojado", señala Jesús Soria, director de Ser Consumidor, en la Cadena SER. No lo cree así el catedrático Otero, que opina que este caso -que provocó cerca de 600 muertes- "se ha diluido un poco en el conjunto de la sociedad, aunque no tengo datos para contrastar esta impresión". Se da la casualidad de que el sábado (cuando muchos clientes encontraron las estanterías de aceite de girasol vacías en los hipermercados) se cumplían 27 años de la primera muerte registrada por este suceso.

El antecedente de la gestión del aceite de orujo

Pero lejos de la crisis del aceite de colza -que sí era perjudicial para la salud-, la actual alarma tiene semejanzas con la lanzada en 2001 por la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que ordenó la paralización y retirada del aceite de orujo. Después de un tiempo, se demostró que no había ningún riesgo para la salud. Pero la alerta ya había provocado daños en el sector de los que aún no se ha sobrepuesto. Datos de la UPA indican que se pasó de las 6.500 toneladas de consumo mensual de este aceite a las actuales 3.000. Además, la crisis arrastró al aceite de oliva , ya que en las dos primeras semanas se redujeron los pedidos un 62%. Los agricultores y proveedores llevaron a las autoridades ante los tribunales, que les dieron la razón al entender que para decretar este tipo de medidas de urgencia es necesario que exista "un daño grave y extraordinario para la salud pública". "Por eso quizá ahora el Ministerio se ha cuidado de no obligar a los comercios a retirar las botellas y se ha limitado a aconsejar que no se consumiera hasta que no se aclaren las marcas afectadas", asegura Jesús Soria. Puede ser la diferencia entre acabar o no ante los tribunales.

No sólo el aceite ha sido objeto de alertas alimentarias. En los últimos años también han levantado revuelo mediático, con más confusión que certezas, la presencia de dioxinas en la carne de pollo o recientemente el consumo de ciertos productos adelgazantes. "La principal deficiencia del sistema de control es la falta de inspectores, tanto desde el Gobierno central como de las Comunidades Autónomas, y es que parece que no aprendemos de los problemas", afirman desde la asociación de consumidores FACUA. Y en este diagnóstico coincide con el experto Jesús Soria, para quien todavía estamos "en clara desventaja con Europa en lo que a redes de laboratorio e inspección pública se refiere".