Una familia albanesa niega las acusaciones de que su casa fue usada para extirpar órganos a serbios

Gurrë (Albania).-  La familia albanesa cuya casa en el norte del país sirvió supuestamente, según la ex fiscal general del Tribunal de La Haya Carla del Ponte, para matar a unos 300 prisioneros serbios y extirparles órganos en 1999, considera esta acusación absurda y pide la condena de los difamadores.

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Su dueño, Abdulla Katuçi, se encoge de hombros y abre los ojos asombrado al enterarse por los periodistas de que su casa fue utilizada presuntamente hace nueve años como clínica para extraer los órganos a serbios capturados y hechos prisioneros durante el conflicto armado en Kosovo.

Sin saber aún pronunciar la palabra "trasplante", ni mucho menos conocer su significado, el hecho de que se diga que en su casa pudieron haber sido asesinados serbios hace sentirse deshonrado y humillado a este montañés de 74 años, muchos de los cuales los ha pasado extrayendo minerales.

"Juro por el Corán que aquí no se asesinaron serbios. Que me ahorquen a mí si fuera verdad eso", dice a Efe, visiblemente alterado, Katuçi, y para dar más fuerza a su juramento se agarra con la mano derecha la garganta para simular una horca.

En su remota casa de piedra del pueblo de Gurrë, a poca distancia de la ciudad norteña de Burrel, el anciano, que vive con su mujer y doce miembros de su familia, asegura que nunca la han dejado sola.

Mientras descarta la presencia de prisioneros serbios traídos supuestamente a su pueblo desde Kosovo se sienta en el suelo del salón de su casa con las piernas cruzadas al lado de la chimenea y confirma la llegada y el minucioso registro que realizó un equipo de investigadores internacionales en su vivienda en febrero de 2004.

"Eran doce personas que no hablaban albanés. Una era una mujer y los demás, hombres bajos, altos, algunos con pipas largas con las que fumaban tabaco. Se encerraron dentro, mientras a nosotros nos echaron de la casa sin que nadie nos diera explicaciones", confesó.

Para tratar de aclarar "quién y por qué le envió a su casa a doce desconocidos" se dirigió a la Policía, a la Fiscalía, y hasta con una carta al primer ministro, pero aún no ha obtenido respuesta.

Lo único que le comunicaron -aseguró- fue que tenía que limpiar bien las paredes, el suelo, el techo, la ropa y las alfombras para salvar la vida de sus familiares del "veneno con que habían salpicado la casa".

Según el fiscal albanés que acompañó al grupo, Arben Dyla, se trataba de investigadores del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya que le revelaron que su misión era localizar una casa típica del norte de Albania, de dos o tres pisos de altura, que el extinto Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) habría usado como cárcel para prisioneros serbios.

El fiscal declaró a Efe que la historia del supuesto tráfico de órganos la escuchó hace poco tras publicarse el libro "La caza" de la ex fiscal general del citado tribunal, la suiza y actual embajadora de su país en Argentina Carla Del Ponte.

Dyla dijo que durante el control efectuado en 2004 los expertos encontraron en la basura de la casa algunos frascos usados de penicilina y jeringas que, según explicaron los moradores, habían usado ellos mismos porque en el pueblo no hay un ambulatorio.

Además, los investigadores extranjeros descubrieron en una habitación del primer piso manchas de sangre mediante la aplicación de una solución química.

"En esta habitación di yo a luz a la niña", susurró Merita a la corresponsal de Efe al sentirse avergonzada de declararlo ante su suegro, un hombre tradicional de viejas costumbres que considera un parto como una cosa exclusivamente de mujeres.

"Los jueces filmaron, fotografiaron, controlaron los desperdicios, removieron durante dos días la casa dentro y fuera y no encontraron ninguna prueba que confirmara la veracidad de la información que traían", afirmó el fiscal.

Esta opinión es compartida también por el diputado de la zona, Qemal Minxhozi, quien dijo que "las acusaciones de Del Ponte son falsas y carecen de toda base".

Minxhozi admitió que está siendo presionado por los campesinos de Gurrë para denunciar por difamación a la ex fiscal que persiguió los crímenes de guerra cometido en la ex Yugoslavia, incluido el caso del ex presidente serbio Slobodan Milosevic.