Lasquetty dice que el INE condena a rumanos y búlgaros a la "invisibilidad estadística"

Madrid.-  El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmado hoy que el Instituto Nacional de Estadística condena a inmigrantes rumanos y búlgaros a la "invisibilidad estadística" y a "dificultades para acceder a sus derechos" al complicarles el empadronamiento.

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(EFE)

El consejero de Inmigración y Cooperación del nuevo Gobierno regional madrileño, Javier Fernández-Lasquetty.

Lasquetty, que hizo estas afirmaciones en rueda de prensa tras reunirse con 12 asociaciones de inmigrantes, denuncia que el Gobierno central ha vulnerado los derechos de los ciudadanos comunitarios -como Rumanía y Bulgaria- a la hora de inscribirse en el registro del padrón de los distintos ayuntamientos, ya que les exige documentación adicional.

En la Comunidad de Madrid, los más afectados son rumanos y búlgaros, por ser las nacionalidades de inmigrantes que más han crecido en población, pero también incumbe "a suecos, alemanes o franceses".

El consejero explicó que el 27 de noviembre, el INE emitió una instrucción por la que exigía el certificado de inscripción en el Registro de Extranjeros a los extranjeros comunitarios que desearan empadronarse en España.

La obtención de este certificado se demora "más de medio año" y, "si llamaran hoy para pedir cita, no se la darían antes de mediados de octubre", según Lasquetty.

Esto provoca una situación anómala para muchos miles de personas que no pueden empadronarse y, por otro lado, dificulta la labor de los Ayuntamientos que no saben a cuántas personas tienen que ofrecer servicios básicos.

El consejero reveló también que el 10 de abril pasado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) publicó en su página web una nota informativa en la que se comunica la adopción de una medida que permite el empadronamiento de ciudadanos de la UE y otros estados sin necesidad de que se encuentren inscritos en el Registro Central de Extranjeros.

Según Lasquetty, "no es casualidad" que ambas medidas contradictorias se dictaran en este intervalo, ya que "en medio quedaban las elecciones generales" y ésta fue "una más de muchas medidas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado para que no se note el fracaso enorme de la moratoria impuesta a los ciudadanos rumanos y búlgaros", que "no ha frenado el acceso a estos ciudadanos" a España.

La Consejería ha remitido una carta a la presidenta del INE, Carmen Alcaide, en la que pide que se informe si la medida de la FEMP invalida la disposición del INE, si esta suspensión es temporal o permanente y, si es temporal, se anule la disposición del 27 de noviembre, de modo que no sea necesaria para empadronarse la inscripción previa en el Registro de Extranjeros.

En la Comunidad de Madrid residen 340.000 ciudadanos extranjeros, cuyo origen son países pertenecientes a la UE y, de este total, más del 57% proceden de Rumanía (195.676) y de Bulgaria (31.720).

El consejero explicó que desconoce el número real de rumanos y búlgaros residentes en Madrid, ya que "la única cifra aproximada al número real de inmigrantes residentes en la región es, precisamente, el padrón".