Madrid.- Una treintena de asociaciones de mujeres han instado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a que se pronuncie sobre el informe del CES en el que se pregunta si las ayudas públicas están provocando que las mujeres prefieran ser víctimas de violencia machista a encontrar un empleo.
De izda a dcha. La presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Juana Angulo; Amalia Fernández, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis; la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, y la directora del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, Covadonga Naredo, durante la presentación del escrito para impugnar el informe del Consejo Económico y Social (CES).
En conferencia de prensa, algunas de las representantes de estas asociaciones de mujeres, entre las que se encuentran la Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres Juristas Themis o el Consejo de las Mujeres de Madrid, han afirmado que impugnarán formalmente este informe del CES, órgano consultivo del gobierno regional.
Tras su comparecencia ante los medios de comunicación, las representantes de los colectivos se han dirigido al registro de Presidencia de la Comunidad de Madrid para presentar sus alegaciones y peticiones sobre el informe que, afirman, "debe ser retirado inmediatamente" porque estiman "va a tener consecuencias nefastas para las mujeres".
Entre las reivindicaciones, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha destacado la petición a Aguirre de que "se manifieste públicamente" sobre el contenido del informe y de que ésta se reúna con los principales colectivos de mujeres para abordar el problema de la violencia machista.
"Informes como estos realizados a la ligera contribuyen a criminalizar a las mujeres, a perpetuar el sistema patriarcal y la desigualdad entre hombre y mujeres, y a que el maltratador sienta que hace lo que la sociedad espera de él, poner a la mujer en su sitio", ha asegurado Besteiro.
Ha calificado de "intolerable" las afirmaciones de la autora de dicho informe, Tatiana Torrejón, como que "sería más aconsejable castigar a los maltratadores con sanciones morales en lugar de penales y más efectivas, ya que se evitarían inútiles gastos".
Además, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha solicitado que se depuren responsabilidades políticas pues se trata de "un documento político al estar elaborado por un órgano dependiente de un gobierno".
En esta línea, ha señalado que la presidenta regional "no puede ignorar lo que hace su órgano consultivo" y tampoco "puede jugar con el terrorismo de las mujeres para hacer política partidista".
Pérez del Campo se pregunta cómo una mujer, en alusión a la presidenta regional, "tan beligerante" con el terrorismo de Estado "consiente" que se emitan informes como este.
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