El Gobierno espera que las medidas económicas mejoren el crecimiento 2 ó 3 décimas

Madrid.-  Hacer frente a la actual desaceleración económica y paliar sus efectos sobre familias y empresas es el principal objetivo de las once medidas aprobadas hoy por el Gobierno, que podrían tener un impacto positivo de dos o tres décimas sobre el crecimiento de la economía este año.

Con estas medidas el Ejecutivo calcula que se inyectarán 10.201 millones de euros en la economía española este año -7.800 millones en 2009 con las medidas que entran en vigor ese año- aunque siempre con la "condición fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria", según señaló el vicepresidente segundo Pedro Solbes.

El conjunto de actuaciones, y especialmente la rebaja fiscal de 400 euros para asalariados, pensionistas y autónomos -que costará 6.000 de los 10.000 millones-, podrían ayudar a que el crecimiento económico de este año sea dos o tres décimas superior, según Solbes.

Un crecimiento que, debido a la actual coyuntura, se va a revisar a la baja antes de tiempo, rompiendo así con el calendario oficial de previsiones macroeconómicas que el Gobierno socialista ha mantenido hasta ahora, con sólo dos estimaciones al año, en julio y en diciembre.

Solbes aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas medidas son "coherentes" con el compromiso del Ejecutivo de mantener el equilibrio en las cuentas públicas, un "elemento importante para la credibilidad (de España) en el exterior".

Asimismo recordó que estas iniciativas persiguen buscar soluciones a los problemas de liquidez de las empresas y familias, aunque "sin suplantar al mercado".

Aunque la rebaja de 400 euros es la principal medida dirigida a los hogares, el Gobierno también ha aprobado la ampliación gratuita del plazo del pago de las hipotecas, en principio pensada sólo para las familias con mayores dificultades económicas, aunque finalmente se extiende a todos los ciudadanos que la soliciten a partir de mayo.

En el Decreto Ley aprobado hoy, que recoge la mayoría de las actuaciones fiscales, se incluye la supresión de la parte que cobraba la Administración en la ampliación del plazo hipotecario -la del impuesto sobre actos jurídicos documentales- y todavía se tiene que cerrar el acuerdo con entidades financieras, notarios y registradores para que eximan del cobro de sus respectivas comisiones.

El Gobierno también ha flexibilizado el Plan de Recolocación, dirigido en principio a los desempleados de la construcción, y al que podrán acogerse todos los parados.

Con un presupuesto de 201 millones de euros, el Ejecutivo contratará a 1.500 orientadores que elaborarán itinerarios personalizados para los parados que demanden empleo y que buscarán oportunidades de trabajo en las empresas, mientras se reforzará la formación para facilitar la recolocación en otros sectores, especialmente el de servicios.

Además, el Gobierno ofrecerá durante tres meses una ayuda de 350 euros a los desempleados que no cobren ninguna otra prestación, y asumirá gastos de desplazamiento, mudanza, alojamiento y guarderías o atención a dependientes para los que acepten un empleo a más de cien kilómetros de su lugar de residencia.

Otras de las medidas aprobadas pretenden impulsar al sector más afectado por la desaceleración, la construcción.

Así, para promover la rehabilitación de viviendas, se mejora su tratamiento fiscal, al excluir el precio suelo del porcentaje requerido en el montante de una obra para considerarla rehabilitación.

Además, el Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial, ampliará 2.000 millones (hasta 5.000 millones) el presupuesto para avalar un mayor número de titulizaciones sobre los créditos para viviendas protegidas, cuya construcción también se tratará de acelerar convocando la Conferencia Sectorial de Vivienda y pidiendo el compromiso de las comunidades autónomas.

Por otro lado, la prometida agilización de la obra pública se incluye entre las medidas aprobadas hoy, aunque no contará con partidas presupuestarias extraordinarias, sino con una mayor vigilancia en la ejecución por parte del Ejecutivo.

Para ayudar a las empresas también se amplía el presupuesto para avalar las titulizaciones de créditos a pymes, que pasa de 1.000 a 3.000 millones de euros.

Las empresas también recibirán una inyección de liquidez el año que viene, cuando puedan reclamar mensualmente las devoluciones por el IVA.