Magdalena Álvarez, la ministra reprobada que se queda en el Gobierno

Madrid.-  Magdalena Álvarez ha resistido al desgaste que supone una tormenta política como la de los problemas en las obras del ave catalán y mantiene la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de ser el único miembro del Gobierno de la democracia en recibir la reprobación parlamentaria.

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(EFE)

Magdalena Álvarez ha resistido al desgaste que supone una tormenta política como la de los problemas en las obras del ave catalán y mantiene la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de ser el único miembro del Gobierno de la democracia en recibir la reprobación parlamentaria.

Sus logros al frente del Ministerio de Fomento, con la puesta en marcha del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, dotado con 250.000 millones de euros, han pesado sobre los problemas que tuvo que afrontar con las infraestructuras ferroviarias, que ya antes de las elecciones la colocaban como ministra saliente del Gobierno.

Y es que Álvarez tuvo que someterse el año pasado a tres peticiones de reprobación parlamentaria, y mientras se libró de la del Congreso, que no se aprobó por tres votos, vio cómo prosperaban las del Senado y del Parlamento catalán, lo que la convierten en el primer miembro de un Gobierno cuya gestión es censurada por una Cámara.

Pese a todo, Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Cádiz, 1952) siempre contó con el respaldo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien apostó por la entonces consejera de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía, tras el triunfo socialista en los comicios del 14 de marzo de 2004.

Desde aquel momento, el reto de Álvarez fue la modernización de las infraestructuras españolas, para situar al país entre los primeros del mundo, y el niño mimado de su plan, el transporte ferroviario, fue el que tristemente más quebraderos de cabeza le provocó al frente de Fomento.

El objetivo de colocar en 2010 a España como la primera nación del mundo en longitud de red ferroviaria de alta velocidad, con 10.000 kilómetros, hizo que el ferrocarril se llevara las mayores inversiones.

Con la convicción de que unas buenas infraestructuras son claves para el sector turístico -uno de los principales motores de la economía española y en el que España ocupa el segundo puesto mundial-, Álvarez no se olvidó del transporte aéreo, muy importante para un país con destinos insulares.

Bajo su mandato, se inauguró la nueva terminal T-4 de Barajas -proyecto iniciado en las legislaturas precedentes-, con la que el aeropuerto madrileño, con una capacidad para 70 millones de pasajeros al año, se ha convertido en la principal plataforma continental de conexión aérea con Latinoamérica.

Otro proyecto de similar envergadura, con una inversión de 5.000 millones de euros, ha sido la ampliación de la Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona, que estará operativa a partir de 2009, aumentando la capacidad de El Prat para el tránsito de hasta 55 millones de pasajeros.

En el apartado de carreteras, al que se destinó más del 25 por ciento del presupuesto del PEIT, Álvarez se propuso desde su departamento ayudar a reducir los niveles de siniestralidad viaria, que eran por entonces los más altos de Europa, mediante la "conservación y calidad".

El objetivo incluido en el plan es construir 5.600 kilómetros adicionales de alta capacidad hasta 2020, para que autopistas de peaje y autovías, que sumaban el 35 por ciento del total en 2005, pasen a representar el 62 por ciento de la red viaria en España.

No todo fueron proyectos y actuaciones, y junto al AVE catalán la ministra tuvo que hacer frente a accidentes como el desplome de una plataforma en la Autovía del Mediterráneo en Granada, que mató a seis trabajadores en noviembre de 2005.

También se produjeron en este tiempo conflictos laborales y empresariales como la huelga de transportistas de mercancías de carreteras en 2005 o el cierre de la aerolínea Air Madrid, en 2006.

Pese a todo lo llovido, la ministra consiguió inaugurar el AVE a Barcelona, aunque lo hizo el 20 de febrero, un día antes del inicio de la campaña, por lo que no se libró del calificativo de electoralista.