Retomar la Ley de Gobierno Local y revisar la financiación autonómica, los retos pendientes

Madrid.-  El Ministerio de Administraciones Públicas, que mantiene a Elena Salgado al frente, deberá retomar la Ley del Gobierno Local, que quedó aparcada en la anterior legislatura, e impulsar la negociación sobre la financiación autonómica, prometida por Rodríguez Zapatero en la investidura.

Este Ministerio, que tiene ya prácticamente culminado los procesos de transferencias, tendrá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el foro apropiado para revisar junto a las comunidades el futuro modelo de financiación.

En los próximos cuatro años, este Departamento podrá favorecer las reformas estatutarias pendientes y velar, desde la Comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, por que los ayuntamientos no vulneren el código de conducta suscrito.

Además, deberá reunir las comisiones bilaterales de Cataluña y del País Vasco para la transferencia de Cercanías en el primer caso y para cerrar los traspasos pendientes en el Estatuto de Gernika, en el segundo.

En esta legislatura está pendiente la reforma de once estatutos de autonomía y, en octubre, la consulta promovida por el lehendakari Juan José Ibarretxe sobre el derecho a decidir volverá a poner en la palestra al País Vasco y la reforma de su Estatuto.

También, y tal como ya anunciara el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en esta legislatura se celebrarán tres conferencias de presidentes sobre violencia de género, educación y cambio climático, con lo que se consolida un foro de entendimiento y diálogo iniciado en el 2004 y promovido por Jordi Sevilla.

En materia municipal, se deberán retomar las negociaciones con los partidos que ya iniciara el ex ministro Jordi Sevilla para aprobar la Ley de Gobierno Local y revisarse el sistema de financiación local, que podría hacerse en paralelo al modelo autonómico.

Otro de los compromisos desvelados en la investidura y que conciernen a este Departamento es la revisión de la Ley del Gobierno y de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

También serán tareas de este Ministerio, la modernización de la Administración y la implantación de un sistema de teletrabajo para los funcionarios públicos.

Otras medidas pendientes son la mejora del contenido de las páginas web de la Administración y la reducción de la espera en la tramitación de documentos como el DNI, pasaporte, permiso de conducción o de residencia.

En su programa, los socialistas también se comprometen a publicar los presupuestos ministeriales en sus sedes electrónicas, desarrollar la Red de oficinas de atención integral al ciudadano, y suprimir a lo largo de la legislatura el 30 por ciento de las cargas administrativas.

Además, Salgado deberá decidir si implanta un sistema de teletrabajo que permita conciliar la vida laboral y familiar a los empleados de la Administración, una propuesta que intentó sacar adelante Jordi Sevilla a mediados de la pasada legislatura.

El sistema de teletrabajo, recogido en el Plan Concilia, aprobado en 2006, está siendo probado con un plan piloto.

Por otro lado, y tras aprobar el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, el Gobierno pretende sacar adelante el estatuto de los trabajadores de la Administración General del Estado.

Un texto que fomentará la movilidad interadministrativa y reforzará los procedimientos de selección y promoción de personal.