Caracas.- El Gobierno venezolano intervino hoy con fines de expropiación una treintena de fincas en el occidente del país con el argumento de que están "ociosas", lo que fue rechazado por el gremio de productores del sector que acusaron la supuesta ilegalidad del procedimiento oficial.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró en enero de 2004 la "guerra a muerte contra el latifundio", y exigió a los gobernadores y alcaldes del país identificar los terrenos ociosos para recuperarlos, entregarlos a campesinos pobres y ponerlos a producir.
El presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Juan Carlos Loyo, dijo a la prensa local que se ordenó la "intervención" de las "30 fincas" después de que una inspección determinó que al menos un "80 por ciento" de las "2.400 hectáreas" que abarcarían están "ociosas" o improductivas.
Loyo aseveró que la intervención de esas tierras es procedente porque además el INTI tiene la seguridad "de que no se puede demostrar el origen privado de esas propiedades".
Los terrenos, ubicados en el sector Valla de Río Turbio del estado occidental de Lara, fueron tomados hoy por contingentes militares, y en su mayoría se dedican a la siembra de caña de azúcar, según productores del área.
El presidente del INTI señaló que la "medida cautelar de intervención" busca "asegurar las tierras" y evitar "la contaminación, los escombros y el tratamiento depredador termine destruyendo esos suelos, que son de mejor vocación agrícola".
El Estado tiene la intención de "mantener la poca" producción que registran actualmente los terrenos, donde se siembra "caña de azúcar, aún cuando esa actividad se está llevando a cabo en unos suelos que no tienen esa vocación" agrícola, agregó Loyo.
Por su parte, Alfredo Arévalo, director de la sociedad de cañicultores de Valle del Río Turbio y uno de los propietarios afectados, aseguró que el INTI intervino "32 fincas" que abarcaría unas "2.600 hectáreas" de tierras que se encuentran "productivas".
Arévalo dijo a la cadena caraqueña Unión Radio que el organismo oficial notificó a los productores el pasado 19 de marzo, mediante un cartel, "de la apertura de un procedimiento de rescate por tierras ociosas y baldías".
A juicio de Arévalo, más que una expropiación se trata de una "confiscación" de tierras, ya que se trata de unas "fincas que están en plena producción, con una documentación de origen privado a prueba de cualquier juicio imparcial y que simplemente no ha sido tomado en cuenta".
Agregó que existen otras "61 fincas más en la mira del INTI que serían notificadas en los próximos días" de que serán supuestamente intervenidas, y que "todas están sembradas de caña de azúcar".
Chávez declaró en enero de 2004 la "guerra a muerte contra el latifundio", y exigió a los gobernadores y alcaldes del país identificar los terrenos ociosos para recuperarlos, entregarlos a campesinos pobres y ponerlos a producir.
El Gobierno ha pagado indemnizaciones a varios afectados, aunque las intervenciones han sido rechazadas por los gremios empresarial y ganadero que han calificado la medida de "ilegal e inconstitucional".
La Ley de Tierras define como latifundio los terrenos improductivos de más de 5.000 hectáreas de extensión.
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