Los eurodiputados piden al Gobierno español que imponga una moratoria en la Comunidad Valenciana

Bruselas.-  Los eurodiputados británicos Michael Cashman, del grupo Socialista, y Neil Parish, del Partido Popular Europeo, reclamaron hoy al Gobierno español que imponga una "moratoria" a las expropiaciones y a las demoliciones de viviendas supuestamente irregulares en la Comunidad Valenciana.

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(EFE)

El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, ha afirmado hoy que trasladar el debate del urbanismo valenciano a otras instancias puede tener un resultado "distorsionado".

Ambos comparecieron en rueda de prensa junto a un grupo de afectados españoles, británicos y de otros países de la Unión Europea (UE) por abusos urbanísticos, que presentarán hoy sus quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Cashman, vicepresidente de este órgano, consideró que, pese a las competencias urbanísticas de las autoridades autonómicas y municipales, el Gobierno central debe actuar pues, es "el Reino de España el que ha firmado los Tratados de la UE" y "es el responsable legal, penal y financiero" de su cumplimiento.

Parish admitió por su parte que su posición en este área no coincide con la de sus compañeros del PP español.

"Les hemos dicho a nuestros colegas del Partido Popular que tienen que arreglar esto, no pueden esconder la cabeza en la arena y hacer como si nada pasa", indicó.

La vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV) ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una posible violación de las normas europeas de contratación pública, un cargo que Bruselas ya achacó a la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

En la misma rueda de prensa, el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein acusó a la Generalidad Valenciana de incurrir en una "colosal falta de lealtad hacia la Unión Europea" al seguir aplicando esta legislación pese al proceso judicial.

Hammerstein consideró que muchos proyectos cubiertos por la controvertida legislación violan además normativas comunitarias como la de impacto ambiental, espacios protegidos o agua, y pidió al Gobierno central que intervenga en estas áreas.

No obstante, se desmarcó de la petición de no demolición de las viviendas irregulares de sus colegas británicos.

Apuntó además que, en cuanto a la construcciones, existe actualmente una "moratoria de facto" por el agotamiento del sector de la construcción.

Enrique Clement, de la asociación Abusos Urbanísticos No, pidió a la Generalidad que aproveche el parón inmobiliario para abrir un proceso de debate "con participación ciudadana" que conduzca a la reforma de la controvertida legislación.

"Hasta el momento no hemos sido escuchados", lamentó.

La Comisión de Peticiones debatirá esta tarde en torno a 40 quejas -más de la mitad de ellas de residentes no españoles- sobre posibles abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, así como de una docena de casos localizados en la costa andaluza.

El alcalde de Parcent (Alicante), Máximo Revilla, explicó en la rueda de prensa que busca el respaldo de la Eurocámara para paralizar los tres programas de actuación integrada (PAI) aprobados en 2006 por el anterior gobierno municipal, en vísperas de que expirase la LRAU.

Estos programas, pendientes de aprobación por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, harían aumentar el número de habitantes de la localidad de 1.000 a 5.000, y son "insostenibles" y contrarios a la normativa europea, según el alcalde, que lidera la Coalición Democrática de Parcent.