El gobierno y grupos de DD.HH. argentinos valoran la extradición de Cavallo

Buenos Aires.-  El Gobierno argentino afirmó hoy que la extradición desde España del ex militar Ricardo Miguel Cavallo reconoce la lucha "contra la impunidad" en este país, mientras grupos de derechos humanos pidieron "celeridad" a la Justicia.

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(EFE)

El ex represor de la dictadura argentina (1976-1983) Ricardo Cavallo (c) es trasladado por efectivos de la policía argentina, a su llegada al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, tras ser extraditado desde España.

El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que la extradición del ex capitán de la Armada es "un reconocimiento a la labor contra la impunidad que está desarrollando Argentina" desde la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) y continuada por su esposa y actual presidenta, Cristina Fernández.

"El hecho de que la Justicia y el Gobierno español hayan dispuesto su juzgamiento con los jueces naturales, que son los argentinos, ratifica la política de lucha contra la impunidad, memoria, verdad y justicia que llevan adelante los tres poderes del Estado", subrayó Duhalde a periodistas.

Los organismos de derechos humanos también valoraron la extradición y demandaron a la Justicia un compromiso en el proceso que afrontará Cavallo en Argentina por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se manifestó "conmovida" por la extradición del represor y, tras pedir "celeridad" a la Justicia argentina, expresó sus deseos de que sea condenado a "prisión perpetua".

"Estoy conmovida. Espero reclusión perpetua. La Justicia tiene que actuar rápidamente porque no se puede dilatar en el tiempo la angustia de los familiares de las víctimas de este genocida", enfatizó.

Más cauta fue Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), quien sostuvo que habrá que ver "cómo se desanda" el proceso judicial contra Cavallo, después de manifestar su "preocupación" por los cargos que se le imputen en este país.

"Hasta donde sabemos va a ser indagado por el robo de bienes a víctimas de la dictadura y no por sus acciones ligadas a la represión. Eso sería sumamente serio", dijo a Efe.

Rosenblum aseguró que esperaba que Cavallo fuera juzgado en España por "el grado de desarrollo" que había tenido la investigación en ese país y, en ese sentido, opinó que la extradición a Argentina supone una "demora sustancial" en el accionar de la Justicia.

Tras llegar hoy extraditado desde España y escuchar las imputaciones en su contra, Cavallo se negó a declarar ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan los crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina de la dictadura.

Después de la audiencia, Torres dispuso que el ex marino fuera trasladado a la cárcel de Marcos Paz, situada en esa localidad de la periferia de Buenos Aires y donde permanecerá detenido.

Cavallo se encontraba encarcelado en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante el régimen militar.

La Audiencia Nacional española autorizó hace dos semanas la extradición a Argentina del ex marino, además de acordar el archivo y el sobreseimiento de la causa que se seguía en España contra Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar en la nación suramericana.

El juez Torres, quien en 2006 había solicitado a España la extradición de Cavallo, pretendía interrogar hoy al imputado únicamente por la apropiación de bienes de detenidos ilegalmente en la ESMA durante el último régimen de facto.

Fuentes de su juzgado explicaron que recién cuando la Justicia española indique los cargos por los que el ex militar argentino es investigado en ese país, Torres le interrogará por el resto de las acusaciones que pesan en su contra en Argentina, para evitar el "doble juzgamiento".

El magistrado investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, por donde -según familiares de las víctimas y sobrevivientes de la represión- pasaron unas 5.000 personas durante el régimen militar.