Oviedo.- El grupo parlamentario del PP ha presentado una proposición no de ley en la Cámara regional para que el Gobierno asturiano inste al Ministerio de Justicia a que negocie la inmediata solución del conflicto de los funcionarios de Justicia que llevan casi dos meses de huelga.
La diputada del PP, Ana Barrientos.
La diputada regional del PP Ana Barrientos ha anunciado hoy en rueda de prensa esta proposición no de ley con la intención de que sea debatida la semana que viene en la Junta General del Principado si en esa fecha todavía no se ha resuelto el conflicto.
Los funcionarios de Justicia piden la equiparación salarial con empleados de otras comunidades autónomas que tienen sus mismas funciones.
Básicamente, la demanda consiste en una subida retributiva de doscientos euros mensuales para los 1.082 funcionarios asturianos pertenecientes a los cuerpos de Tramitación y Gestión Procesal, Auxilio Judicial y Médicos Forenses del Ministerio de Justicia que trabajan en la región.
Este grupo político argumenta su petición de urgencia basándose en los "gravísimos perjuicios a los ciudadanos y a los servicios de Justicia que está causando está huelga que se extiende ya demasiado en el tiempo y de forma poco razonable".
Critica que el Gobierno central "no haya sabido solventar este problema hasta la fecha, después de casi dos meses de pugna entre funcionarios y Ministerio".
Asimismo, censura la "pasividad" que ha mostrado el Gobierno del Principado, al que corresponde parte de la gestión transferida de esta Justicia y que, por tanto, en sus propias "competencias ve alterada la dinámica normal de trabajo y de prestación de servicios de una administración que ha de ser ni más ni menos que el pilar fundamental de la sociedad".
Barrientos ha criticado al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y a la consejera María José Ramos porque durante estos dos meses "no han realizado ningún tipo de medicación para resolver esta huelga que tiene paralizada la Justicia en la región".
Tras estos dos meses de paro se han suspendido 6.000 juicios, además de un aumento de los escritos y diligencias que se acumulan sin darles salida, ha asegurado la diputada regional.
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