El alcalde de Castro Urdiales dice que el caso es un "bluff" y lo achaca al Gobierno de Cantabria

Castro Urdiales.-  El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha defendido hoy que la investigación judicial que se sigue contra él por un presunto delito de prevaricación "es un bluff", un asunto "absolutamente menor", y la ha atribuido a su opinión de que resulta "un estorbo" para el Gobierno de Cantabria.

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(EFE)

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, repasa unos documentos antes de ofrecer una rueda de prensa, tras hacerse pública la querella que la Fiscalía de Cantabria ha interpuesto contra él y su anterior equipo de gobierno por un delito de prevaricación en la contratación de obra pública.

"Esto es un bluff, un intento de escarnio de Fernando Muruguza, porque soy una persona que da la cara", ha declarado el alcalde castreño, tras hacerse pública la querella que ha formulado contra él y contra su anterior equipo de gobierno la Fiscalía de Cantabria por un delito de prevaricación en la contratación de obra pública.

Muguruza, que fue expulsado del PRC en 2007 por postularse como alcalde a pesar de que su partido había decidido apoyar a la candidata de la lista más votada, el PSOE, sostiene que tras este procedimiento "lo único que hay" es que resulta "un estorbo para el Gobierno de Cantabria", formado por socialistas y regionalistas.

El alcalde ha confirmado que en el día de hoy miembros del actual equipo de gobierno y del anterior han recibido el requerimiento el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, en el que se les cita para declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación.

En su opinión, "existe una desproporción" entre el delito de prevaricación que se imputa a los ediles y ex ediles, "como si se tratara de un crimen de alto nivel", ha dicho Muguruza, para quien, en estos hechos, "ni siquiera hay uno de pequeño nivel".

Ha destacado que la denuncia que ha dado lugar a la actuación del Juzgado de Instrucción de Castro se refería a la contratación de unas obras en el túnel de Mioño, que adjudicó la Junta de Gobierno en 2006 la empresa Izeta, por un presupuesto de 58.765,14 euros.

Muguruza ha reconocido que, con posterioridad, el interventor municipal informó en contra del pago a la adjudicataria de ese importe, al apreciar que se habían producido "errores" en la tramitación del procedimiento.

Sin embargo, el primer edil, en contra del criterio de este funcionario, ordenó el pago de esos 58.000 euros basándose en "informes técnicos" que apuntaban que las obras estaban "realizadas" y "concluidas".

Porque, a ojos del alcalde, haber actuado de otra forma hubiera supuesto un "enriquecimiento injusto de la Administración". "Eso, el no pagar una obra que estaba hecha, sí hubiera sido un verdadero delito de prevaricación", ha considerado Muguruza.

Ha precisado que, aunque el acta de la Junta de Gobierno Local que dio el visto bueno a la adjudicación únicamente recoge la oferta de Izeta, en la reunión "sí se expresó de viva voz que había varias ofertas" aunque finalmente se optó por la que suponía unas "mejores condiciones".

El alcalde ha ratificado que, a raíz de las pesquisas sobre el túnel de Mioño, el Juzgado ha recabado más documentación, en concreto expedientes administrativos relacionados con Suelo Urbanizable no Programado en el Alto de La Loma, en donde podría haberse detectado indicios de actuaciones ilegales.

Muguruza asegura además que es "incierto" que la Gerencia Municipal de Urbanismo negara en un primer momento documentos a la Guardia Civil, como ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sino que los funcionarios pidieron a los agentes que precisaran qué expedientes querían, porque "pretendían arrasar" con todos, dice.

El alcalde de Castro Urdiales gobierna en coalición con el PP y con Acuerdo por Castro (AxC), el partido fundado por Rufino Díaz Helguera, uno de los concejales que presentaron en 2006 ante la Fiscalía la denuncia que ha iniciado este procedimiento.