MÁLAGA.- El juez del caso 'Malaya', Óscar Pérez, ha fijado una fianza de un millón de euros al presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, para que pueda salir de prisión. Además, deberá comparecer diariamente en el juzgado, se ordena la retirada del pasaporte con la prohibición de salir de España sin autorización y de acercarse a menos de 500 metros a cualquier aeródromo público o privado.
El juez del caso 'Malaya', Óscar Pérez, ha fijado una fianza de un millón de euros al presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, para que pueda salir de prisión. Además, deberá comparecer diariamente en el juzgado, se ordena la retirada del pasaporte con la prohibición de salir de España sin autorización y de acercarse a menos de 500 metros a cualquier aeródromo público o privado.
Roca, actualmente encarcelado en la prisión de Albolote (Granada), fue detenido el día 29 de marzo de 2006 en la primera fase de la operación policial e ingresó en prisión el 31 de marzo de dicho año, por lo que el próximo lunes se cumplía el plazo máximo de dos años de prisión provisional que marca la ley. En una vista, con motivo del cumplimiento de ese plazo, el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, pidió que se prorrogara la prisión por dos años más, por existir riesgo de fuga, mientras que su defensa pidió su puesta en libertad.
En el auto al que tuvo acceso Europa Press de modificación de la situación personal de Roca, procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales "como jefe de una organización", falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio, el instructor justifica la "elevada" cuantía de la fianza en "su relación acreditada en la causa con personas que pueden facilitar la prestación" de dicha cantidad y en "la sospecha de poseer dinero en el extranjero".
Pérez señala que el riesgo de fuga existente es, "sin duda, elevado", porque Roca tiene "que hacer frente a numerosos y graves" procedimientos penales en España, entre ellos uno en el Juzgado Central de Instrucción número 6, y porque "es razonable pensar" que tiene fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, aunque precisa que "tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación, especialmente la Isla de Man".
No obstante, respecto a las causas pendientes, el juez precisa que "cumplió durante cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad" en ese procedimiento de la Audiencia Nacional, en el que el fiscal le pide 10 años de prisión; lo que considera "un dato objetivo". Además, añade que durante ese tiempo "ya dispondría de dinero en territorios considerados como paraísos fiscales" y apunta que "en esta misma situación de sospecha de poseer fondos en el extranjero se encuentran otros procesados en la causa en libertad bajo fianza".
En este punto, manifiesta que, con independencia de esa sospecha de dinero fuera del país, "tiene muy importantes intereses económicos que defender en España, donde bien puede afirmarse que radica la mayoría de su fortuna" a través de diversas sociedades "que están siendo controladas judicialmente". Este patrimonio está siendo tasado "mas no es aventurado hablar de un activo superior a los 200 millones de euros". Además, señala que "siempre ha residido en España", donde ha vivido con su mujer y sus dos hijos.
El juez Óscar Pérez recuerda el carácter "excepcional" de la prisión y más transcurridos dos años de instrucción y "no siendo previsible su inminente terminación". En este punto, estima que "se alargará aún meses", al estar pendiente de la conclusión de las indagatorias, de la decisión de procesar o no a nuevos imputados que han declarado, de resolver recursos contra el auto de procesamiento, de comisiones rogatorias a lugares como Andorra, Gibraltar o Suiza y del informe económico.
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