Madrid.- El tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar el caso Gescartera dará a conocer su sentencia el jueves, y en ella podría condenar al dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, a un máximo de once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental, como pide la Fiscalía.
El tribunal, que leerá la sentencia a las 12.00 en el recinto de la Casa de Campo, donde se celebró durante varios meses el juicio, dictaminará las penas para los otros imputados que presuntamente contribuyeron a crear un agujero patrimonial de entre 50 y 90 millones de euros.
Ese agujero podría ser costeado por Caja Madrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios, ya que las acusaciones particulares no consiguieron que esa responsabilidad fuera atribuida al Estado por la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el caso y el patrimonio embargado de los imputados es escaso, según fuentes jurídicas.
En opinión de esta fuentes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría rebajar las penas solicitadas por el Ministerio Público, con lo que Camacho podría eludir llegado el caso su entrada en la cárcel, ya que cumplió tres años de prisión preventiva.
El caso Gescartera quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre, después de tres meses y 40 sesiones de juicio oral, en las que declararon 14 imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos para formar el fallo del tribunal.
La Fiscalía Anticorrupción, que finalmente redujo a 12 el número de imputados, considera a Antonio Camacho y al número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, como principales responsables de la apropiación de 50,22 millones de euros de 1.600 inversores.
Por ello, el fiscal Vicente González Mota pidió once años de cárcel para Camacho y Ruiz de la Serna, respectivamente. En esta línea superior de responsabilidad colocó también al responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, pues, además de apropiarse del dinero, cometió supuestamente al igual que el resto un delito de falsedad documental.
Tras estos tres imputados, en un segundo escalón situó a la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna, al jefe de mantenimiento Miguel Angel Vicente y al apoderado Javier Sierra de la Flor, para quienes el Ministerio Público solicitó ocho años de cárcel.
En un tercer estadio estarían, según el fiscal, los asesores tributarios Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil, además de Inmaculada Baltar, para quienes González Mota pidió seis años de prisión, al participar con su acción en la apropiación indebida.
En último lugar, se situarían, por complicidad, tanto el empresario Carlos Ortín Barrón, como los empleados de La Caixa, Alfonso Castro Mayoral y Carlos Miguel Prats, para quienes solicitó tres años de cárcel, al colaborar con sus acciones en la estafa y el encubrimiento de las cuentas a la CNMV.
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