Pekín.- China anunció hoy que la calma ha vuelto a Lhasa y las regiones tibetanas de Sichuan y Gansú, tras las recientes protestas y disturbios, pero mantuvo cerradas a cal y canto para la prensa extranjera todas las zonas conflictivas.
Un fuerte despliegue policial y paramilitar vigila las áreas donde se registraron revueltas, según han explicado testigos a grupos activistas tibetanos y de derechos humanos, aunque Pekín no ha hecho ningún tipo de mención a este despliegue.
La agencia oficial Xinhua publicó hoy varias informaciones que relatan la vuelta de la "normalidad" a Lhasa, y a las regiones tibetanas de las provincias de Sichuan y Gansú.
En esta última, el gobierno de la prefectura de Gannan anunció hoy que 94 personas -de ellas 64 policías, 27 policías armados (paramilitares), dos funcionarios gubernamentales y un civil- resultaron heridas en los ataques de tibetanos.
El "orden social", dice Xinhua, ha vuelto a Gannan, donde no se han registrado disturbios desde el 20 de marzo y las pérdidas económicas ascienden a 32,6 millones de dólares.
También en Lhasa la situación está volviendo a la normalidad, aseguraron fuentes oficiales.
"Debemos hacernos con la victoria final contra las fuerzas secesionistas para ayudar a garantizar unos exitosos Juegos Olímpicos con una situación social estable en la región autónoma del Tíbet", dijo el presidente regional, Qiangba Puncong.
Pero todas estas zonas siguen selladas por las autoridades chinas, que no permiten el acceso a periodistas extranjeros, según argumentan, para "garantizar su seguridad".
La prensa extranjera volvió hoy a estar en el punto de mira de la campaña de información oficial y decenas de miles de internautas respondieron, a través de la web www.china-com, a las "llamadas pada condenar a la CNN y a otros pocos medios extranjeros por deformar los hechos al cubrir los disturbios de Lhasa", según Xinhua.
Mientras las quejas contra Pekín se han recrudecido en el extranjero, un grupo de 30 intelectuales y escritores chinos han enviado una carta abierta al Gobierno para que reflexione y cambie el modo en que está gestionando la crisis.
"La propaganda divulgada por los medios oficiales tiene el efecto de avivar el odio racial e intensificar la situación, que ya es muy tensa", dice la misiva, que precisa que esa propaganda es "mala para nuestra meta a largo plazo de salvaguardar la unidad nacional".
Sugiere al Gobierno chino que invite a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que haga investigaciones independientes y contrarrestar la desconfianza de la comunidad internacional.
Además, insta a las autoridades chinas a abandonar un lenguaje "con reminiscencias de la Revolución Cultural" para difamar al Dalai Lama.
Entre los firmantes están Liu Xiaobo y Yu Jie, prestigiosos intelectuales conocidos por sus escritos críticos contra Pekín, y Ding Zhilin, líder de las Madres de Tiananmen, que agrupa a más de un centenar de familias de la matanza de estudiantes por las tropas chinas en 1989.
Pero el Gobierno chino parece ser impermeable a las críticas y proclama que más de 100 países le han mostrado su apoyo a su manera de manejar los sucesos de Lhasa, entre los que cita a Mauricio, Sudán, Albania, Dominica, Burundi o Madagascar.
Además, ha atacado a políticos extranjeros como la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, que pidió "a la gente que ama la libertad" que proteste contra la "opresión" china tras reunirse en Dharmashala (India) con el Dalai Lama el día 21.
"Apática con las víctimas inocentes de los disturbios recientes en Lhasa, Pelosi perdió su propia autoridad moral para hablar sobre derechos humanos al actuar como defensora de incendiarios, saqueadores y asesinos", afirmó hoy un artículo firmado de Xinhua.
La represión china de las protestas pacíficas iniciadas por los monjes budistas en Lhasa el día 10, aniversario de la insurrección popular tibetana contra los comunistas chinos de 1959, desembocó en una ola de violencia que se extendió a Gansú, Sichuan y Qinghai, con una importante comunidad tibetana.
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