Murcia.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, se reunió hoy con los decanos de los colegios profesionales implicados en la Administración de Justicia, ante la "grave situación" que ha generado la huelga de los funcionarios de este sector.
Trescientos funcionarios de Justicia durante una manifestación el pasado 14 de febrero en Murcia.
A la reunión fueron convocados los decanos de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, el presidente de la Audiencia Provincial, el Fiscal Superior, los decanos de los jueces de Murcia, Lorca, Cartagena, San Javier y Molina del Segura, el secretario de Gobierno, Javier Parra García y la secretaria coordinadora provincial, Nieves Sánchez Ruiz.
Durante el encuentro el titular del TSJ informó de que desde el 4 de febrero, día en el que comenzó la huelga, al 5 de marzo, se han suspendido en la Región 5.298 juicios, además de numerosas notificaciones y diligencias judiciales, como declaraciones.
Por partidos judiciales y respecto a los juicios, Cartagena y Murcia ostentan las cifras más altas de suspensión, y por jurisdicciones la más afectada es la Penal.
El presidente del TSJ, "sin querer interferir en el ejercicio de un derecho legítimo, como es el de huelga", puso de relieve en un comunicado "los efectos que la huelga provoca, no sólo de manera inmediata con las suspensiones de actuaciones judiciales, sino con el atasco en los procedimientos y señalamientos posteriores".
Añadió que durante el encuentro se ha mostrado "la gran preocupación por la grave situación generada en la Administración de Justicia" y subrayó que "recuperar tiempos de respuesta razonables va a demandar importantes esfuerzos".
Con este objetivo el TSJ está elaborando un estudio para conocer los asuntos y escritos que tienen pendientes los juzgados, y elaborar así planes de actuación y medidas de refuerzo y apoyo para cuando termine el conflicto.
Según el gabinete de prensa del TSJ, los asistentes a la reunión mostraron su deseo de que el conflicto se resuelva cuanto antes y expresaron su "preocupación" por los perjuicios que la huelga está causando a los intereses de los ciudadanos y a los colectivos implicados.
Asimismo subrayaron "la necesidad de que se redoblen los esfuerzos que se vienen realizando para lograr una responsable, justa y razonable solución del conflicto laboral".
La huelga fue convocada de forma indefinida el pasado 4 de febrero por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ con el objetivo de lograr la equiparación salarial de los funcionarios del Ministerio de Justicia con aquellas CCAA que tienen transferidas las competencias y que, según aseguran, suponen unos 2.400 euros anuales.
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