Evaluar el peligro que corren las mujeres maltratadas tarda meses en Las Palmas, según forenses

Las Palmas de Gran Canaria.-  La evaluación del peligro que corren las mujeres maltratadas en Las Palmas tarda más de 3 meses porque no se han creado las Unidades de Valoración previstas en la ley contra la violencia de género, denunciaron a Efe fuentes del equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal.

ampliar foto

(EFE)

En la imagen, la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis.

Valorar el alcance clínico de las lesiones de una mujer es importante, pero aún lo es más evaluar el riesgo que sufre, si los maltratos son puntuales o continuos, la intensidad y la presión sicológica a la que está sometida para poder tomar las medidas pertinentes, detallaron varios especialistas.

"Muchas cosas se podrían valorar para evitar que fuesen a más, pero carecemos de los medios" necesarios, lamentaron las fuentes, que explicaron que la evaluación es compleja por el miedo que tienen estas mujeres, que se piensan mucho si denunciar e incluso se arrepienten.

"Cuando la evaluación se hace pasado ese tiempo se pierden un montón de elementos esenciales de la investigación, por tanto es importante que se creen cuanto antes", reconoció a Efe la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, mientras la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, de quien depende su puesta en marcha, asegura que se creará este año.

Por el momento, tras cuatro años desde que se aprobó la ley estatal, la falta de designación de un forense, un sicólogo y un asistente social impide realizar una valoración integral y la mujer tiene que ser atendida por el forense de guardia, que se limita a establecer el alcance físico de las lesiones, pues el peligro que corre lo tiene que evaluar un sicólogo.

Pero el Instituto de Medicina Legal sólo tiene uno para toda la provincia, así que se le da hora a la mujer y la lista de espera es de "mínimo" tres meses para la primera entrevista, aunque una evaluación requiere varias.

El único sicólogo del centro tiene que atender todos los casos que surgen en cualquier ámbito, y priman las causas de los presos, por tanto las mujeres no son las primeras en ser atendidas, salvo que las maten sus parejas, en cuyo caso el expediente pasa a ocupar el primer lugar, pero para evaluar a su asesino, exclamaron las fuentes.

Además, las mujeres deben ser atendidas siempre por el mismo forense para poder hacer seguimiento de cada caso, pero en la actualidad cada vez que tiene un problema la atiende uno distinto.

"No damos a basto", apostillaron los forenses, que aseguran que muchas veces son la primera persona a la que las mujeres cuentan su problema y no le pueden prestar la atención que necesitan.

El Instituto de Medicina Legal es el resultado de la fusión de la Clínica Médico Forense y del Instituto Anatómico Forense.

La clínica contaba con un sicólogo y también había un forense para la violencia de género, pero la fusión supuso un paso atrás en este sentido y ahora la situación es como hace "18 años" a pesar de que el trabajo "se ha multiplicado por 20", aseveraron.

Asimismo, existe una falta de coordinación que hace que la mujer tenga que ir varias veces y perder algún que otro viaje, lo que incrementa sus crisis de ansiedad. Se ponen "nerviosísimas" y en conjunto se efectúa "una mala praxis judicial".

La directora del Instituto Canario de la Mujer afirmó que la unidad prevista por la ley de 2004 es "fundamental" y, aunque parezca que para atender la violencia contra la mujer hay recursos suficientes, "todavía hay déficit importantes en el ámbito policial y judicial".

Hay que "crear las unidades previstas porque el problemas muchas veces es que tenemos el marco normativo pero no se ponen en funcionamiento los mecanismo que arbitra la ley", agregó.

La viceconsejera de Justicia y Seguridad, Carolina Déniz, afirmó a Efe que se está a la espera de que culmine el proceso de selección de personal para el nombramiento de profesionales especializados.

Si bien las fuentes judiciales consultadas por Efe aseguran que las primeras unidades comenzaron a funcionar en España hace dos y tres años, el departamento autonómico asegura que el resto de las autonomías marchan al mismo ritmo que Canarias.