Olaya Fernández dice que las mayorías absolutas no fueron buenas para Galicia

Pontevedra.-  Olaya Fernández encabeza la lista del BNG al congreso de los diputados por la provincia de Pontevedra y, en una entrevista con Efe, reclama la confianza de los ciudadanos recordando que las mayorías absolutas, del PP o del PSOE, "no fueron buenas para Galicia".

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(EFE)

La representante del Bloque Nacionalista Galego, Olaya Fernández.

Desde sus inicios políticos en Vigo, Fernández ha realizado un recorrido que considera natural: política municipal, autonómica y, hace cuatro años, obtuvo el escaño de diputada en la cámara baja. Ahora, destaca, el principal reto estriba en ser "Más fuertes en Madrid".

Pregunta.- ¿Por qué es tan necesaria una fortaleza nacionalista en el Congreso de los Diputados?

Respuesta.- Principalmente, para que Galicia se beneficie en mayor grado de los presupuestos generales del Estado. En este ciclo político, se logró un aumento de la financiación para la Xunta, en sanidad y bienestar social, de 60 millones de euros. De ahí que nosotros entendemos que las necesidades y la existencia de una deuda histórica del Estado con Galicia, se puede seguir reclamando, si el BNG adquiere, cada vez, más fuerza en Madrid.

P.- Para el nacionalismo gallego, las mayorías absolutas no son beneficiosas, ¿por qué?

R.- Todas las experiencias de mayorías absolutas, tanto del PSOE como del PP, no fueron positivas para Galicia. Curiosamente, hice un repaso por los presupuestos de anteriores gobiernos: José María Aznar y Felipe González. Y, concretamente, estabamos en 435 millones de euros en el año 2002, un 3% menos que en el año 2001. Es decir, en esa legislatura las inversiones, lejos de crecer, cogieron el camino contrario.

Sin embargo, se ha experimentado una subida considerable desde el año 2004, un 125% más de lo que habíamos recibido. Consideramos que este positivo reflejo presupuestario, se debe a la presencia del BNG, en un momento en el que éramos decisivos para, conjuntamente con otras fuerzas políticas, garantizar la gobernabilidad del Estado. Eso fue lo que hizo que pudiésemos negociar con Madrid muchas cuestiones beneficiosas para Galicia y Pontevedra.

P.- ¿Qué balance hacen de la legislatura para Pontevedra?

R.- Positiva, pero insuficiente. Salieron cosas adelante en el proceso inicial. Por ejemplo, la circunvalación de Pontevedra es un proyecto de hace años. La primera vez que se ha dado un paso adelante, fue en 2007 por imposición -por decirlo de alguna forma, matiza- del BNG. Para votar a favor de los presupuestos, debía estar incluida una partida presupuestaria para el estudio de esa infraestructura.

También, resultó fundamental la presión nacionalista para el cumplimiento de plazos en las obras del Tren del Eixo Atlántico. Quedan pendientes muchas obras, aun en fase de estudio.

P.- La posición sobre el traslado del complejo industrial de Ence, ¿sufrirá alguna variación a lo largo de la legislatura?

R.- El tema Ence se trato en el Congreso por que, hasta allí, lo llevo el Bloque. Por eso, nuestra presencia es esencial para resolver temas de relevancia. Hay compromisos que necesitamos de la compañía de otras fuerzas políticas, pero esto no sería así, si no lo hubiésemos presentado.

Entendemos que el Estado no puede continuar o renovar la concesión administrativa que existe en este momento. Pensamos que la alternativa es un traslado que garantice los puestos de trabajo y se realice el ciclo completo de producción de pasta de papel en Galicia. La nueva construcción de una factoría podría incrementar los niveles de sostenibilidad, beneficiándose de los actuales avances tecnológicos.

P.- ¿Qué solución aporta el BNG para suprimir el peaje entre Vigo y Pontevedra?

R.- Siempre, defendimos la eliminación del peaje en Rande y Redondela. Y, rebajar el de Pontevedra, por varias razones: la AP-9 es la autopista más cara de todo el Estado y el tramo entre las dos ciudades es el más encarecido de toda la vía. Uno de los primeros trabajos realizados en el congreso fue este, a través de una pregunta escrita y una proposición no de Ley.

Afortunadamente, se han dado pasos, pero quedan temas pendientes. No es fácil entender como la única alternativa de comunicación entre una ciudad y otra tiene un peaje. El mismo criterio lo aplicamos en el tramo de Mos y Porriño. Aquí, tenemos uno de los puntos negros en accidentes. Con la liberación, incrementaríamos los ratios de seguridad.

P.- ¿Es necesario anular el tren de cercanías para que llegue el Tren de Alta Velocidad?

R.- No, para nada. Es necesario potenciar el tren de cercanías. Nosotros consideramos que este servicio es una alternativa de transporte y un elemento disuasorio para aliviar la saturación que registran las infraestructuras viarias de la provincia. Lo vemos como un medio más seguro y ecológico. Reduciríamos las emisiones de CO2.

P.- ¿Por dónde pasa el futuro del sector de la pesca en Galicia?

R.- La flota de altura tiene el derecho a faenar en los distintos caladeros, entre otras cosas, porque algunos fueron descubiertos por barcos gallegos. En este sentido, insistimos en que el Gobierno debe negociar con la UE para que no se pongan limitaciones, siempre salvaguardando criterios de respeto medioambiental. Está claro, no compartimos actitudes depredadoras.

Esta es una de las principales acusaciones de las organizaciones ecologistas internacionales a los armadores gallegos. Curiosamente, lo que no dicen nada de otros países que faenan en calderos europeos. Parece que las flotas perseguidas son las gallegas y las más castigadas por los recortes de capturas. De ahí, que insistamos a que el Estado defienda ante Europa a nuestro sector, aunque, las veces que hemos demandado alguna medida a Bruselas, se ha logrado algún resultado interesante.

P.- La Ley de Dependencia es un instrumento, una nueva forma de entender el Bienestar Social, ¿qué cuota de beneficio le corresponde a los ciudadanos de la provincia?

R.- Teniendo en cuenta el número de dependientes que tenemos en Galicia, casi un 8% del Estado español, entendemos que de los 800 millones de euros del presupuesto, destinado a la dotación económica de esta Ley, el 2% debe ser derivado para nuestro país. Por el número de potenciales demandantes y la dispersión (32.000 núcleos de población) tenemos suficientes argumentos como para exigir ese porcentaje.