Legisladora pide una investigación sobre el acuerdo petroquímico Venezuela-Irán

Washington.-  La legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen reiteró hoy su petición de que el Gobierno investigue si un acuerdo petroquímico entre Venezuela e Irán viola las leyes de EE.UU. que imponen sanciones a Teherán por su programa nuclear.

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(EFE)

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad (izq), da la bienvenida a su homólogo venezolano, Hugo Chávez (dcha), el pasado 19 de noviembre. La legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen reiteró hoy su petición de que el Gobierno investigue si un acuerdo petroquímico entre Venezuela e Irán viola las leyes de EE.UU.

"Muchos de nosotros estamos preocupados sobre la creciente presencia e influencia de Irán en toda la región, especialmente su cooperación con Cuba y Venezuela", dijo Ros-Lehtinen, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Ros-Lehtinen, la republicana de mayor rango del Comité, solicitó la investigación en una carta enviada la semana pasada a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, quien acudió hoy a la audiencia para discutir el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2009.

En la misiva, con fecha del pasado 6 de febrero y enviada también al secretario del Tesoro, Henry Paulson, Ros-Lehtinen se manifestó preocupada por el acuerdo entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petropars de Irán para la creación de una empresa mixta, con miras a la exploración de gas y petróleo por un total de 1.000 millones de dólares.

Ese acuerdo permitiría que esa empresa mixta, VENIROGC, mantenga operaciones de gas y petróleo desde la producción hasta las gasolineras, explicó Ros-Lehtinen en la carta.

En concreto, la legisladora quiere que se investigue si ese acuerdo bilateral viola la ley federal que rige las sanciones estadounidenses contra Irán, establecidas con efecto disuasorio para impedir que ese país pueda financiar su programa de desarrollo nuclear.

También quiere averiguar qué tipo de relaciones, si las hay, existen entre Petropars y CITGO, la subsidiaria de PDVSA en EE.UU., y si esta se beneficia de alguna manera directa o indirecta de las inversiones iraníes en el sector energético venezolano, o de las actividades de VENIROGC.

Desde el envío de esa carta, se quejó hoy la legisladora, informes de prensa señalan que el Banco Industrial de Venezuela (BIV), con sede en Caracas, ha establecido sucursales en Miami, La Habana y Teherán.

"Por esa razón, pido que cualquier investigación incluya estos nuevos datos, para asegurarnos de que las leyes estadounidenses relacionadas con Irán y Cuba se cumplan", pidió Ros-Lehtinen al dirigirse a Rice.

La petición ha sido secundada por el legislador republicano Roy Blunt.

Pero Rice no hizo comentarios al respecto ni en la audiencia de la Cámara Baja ni en una posterior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Aunque sin citar a Venezuela por nombre, Rice señaló en la audiencia del Senado que aún con la existencia de "regímenes problemáticos" en la región, Estados Unidos mantiene "muy buenas relaciones" con los Gobiernos de izquierda en Brasil, Chile y Uruguay, y tiene en Perú a un fuerte amigo y aliado.

La solicitud para que se investigue el acuerdo petrolero se produjo mientras los republicanos también promueven una "resolución de condena" para instar a Venezuela a que "adopte medidas para que las armas y el suelo venezolano no sean utilizados por organizaciones terroristas".

La medida, que tiene 41 patrocinadores pero no ha sido sometida a votación, también "urge al Gobierno de (presidente de Venezuela, Hugo) Chávez a que vigile su lado de la frontera colombo-venezolana para impedir el movimiento de grupos de hombres armados y narcoterroristas".

Asimismo, alentó "al Gobierno de Chávez a que cese su retórica de apoyo a movimientos guerrilleros opositores del Gobierno que opera en países vecinos, y respete la soberanía de esos Gobiernos democráticos".

También instó a Estados Unidos a que "examine hasta qué punto Venezuela podría ser designado como santuario de terroristas".

Sin embargo, en semanas recientes, funcionarios del Departamento de Estado han dicho que EE.UU. no tiene pruebas de que el Gobierno venezolano esté trasladando armas a grupos armados en Colombia y que eso se trata más bien de contrabandistas que operan en la zona.