El negocio prohibido del cabecilla de la 'operación Guateque'

El disco duro de los ordenadores de los imputados en la 'operación Guateque' se ha convertido en un tesoro inacabable para los investigadores de la trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Madrid. Además de expedientes, grabaciones de conversaciones telefónicas, libros de contabilidad y agendas personales, en poder del juez de instrucción nº 32 de Madrid, Santiago Torres, se encuentra toda la información clonada de los ordenadores que tenían en sus puestos municipales los supuestos cabecillas de la red que agilizaba los trámites de licencias a cambio de suculentas 'mordidas'.

El equipo de la Guardia Civil que lleva semanas analizando meticulosamente todos los ficheros informáticos tiene ya indicios de que Victoriano Ceballos Fernández –jefe de división de análisis ambiental de la concejalía de Medio Ambiente y uno de los presuntos jefes de la red– podría ser responsable de un nuevo delito: el de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Fuentes judiciales sospechan que el jefe de división de este departamento municipal realizaba, de forma particular y cobrando, proyectos medioambientales para empresas que estaban tramitando licencias de apertura en la misma concejalía en la que él trabajaba.

Según ha podido saber soitu.es de fuentes de la investigación, el juez tiene previsto tomar declaración mañana viernes, en calidad de testigo, a Pilar G. U., una mujer madrileña que aparecía en grabaciones telefónicas y que admitió ante la Guardia Civil ser socia de Ceballos "en una empresa que hace proyectos técnicos para diferentes industrias y establecimientos". Pilar facilitó a los investigadores un listado de clientes aportados, supuestamente, por Victoriano Ceballos a la empresa que tenían en común.

En esta documentación aparecen los honorarios cobrados por Vic (los investigadores están seguros de que se refiere a Victoriano) y Pilar (la testigo) a cambio de proyectos medioambientales para bares, locutorios, talleres, supermercados, restaurantes o tiendas de aparatos electrónicos. Todos los proyectos de asesoramiento se habrían realizado en el año 2006 y muchos de ellos corresponden a negocios ubicados en el barrio de Moratalaz, junta municipal donde estuvo destinado en el pasado Victoriano. Las cantidades que se reseñan, y que supuestamente iban a parar al funcionario, van desde poco más de 200 euros por un proyecto a casi 5.000 euros. Si se demuestra que Victoriano dio trato de favor desde su puesto en la concejalía a empresas para las que hizo proyectos, el magistrado puede imputarle un delito tipificado en el Código Penal como "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios".

La supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Gallardón

Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid.

Victoriano Ceballos –en libertad bajo fianza acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación– es cuñado de Saturnino Zapata, quien fuera concejal y diputado autonómico socialista hasta 1999, y que ya fue investigado por corrupción hace años, igual que su jefe en la concejalía, Joaquín Fernández de Castro, también imputado en la 'operación Guateque'. El juez instructor del caso, Santiago Torres, dejará en breve la investigación ya que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial una plaza en comisión de servicios en el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional mientras su titular, el juez del Olmo, realiza un trabajo de investigación sobre terrorismo yihadista en Francia. Hasta el próximo martes, fecha en que previsiblemente le concederán esa plaza, el juez Torres llevará a cabo todas las diligencias sobre esta operación.

Iniciada en marzo de 2007, los expertos de la Guardia Civil y el juez investigan la supuesta red corrupta en el ayuntamiento madrileño compuesta por funcionarios "ávidos de percibir rápidas y sabrosas mordidas" a cambio de aprobar y agilizar licencias de obras y apertura de locales en todo Madrid. Funcionarios de las concejalías de Medio Ambiente y Gerencia de Urbanismo, de varias juntas de distrito y empresarios que funcionaban como intermediarios y conseguidores han sido imputados en este sumario.

Si Joaquín Fernández de Castro tiene un perfil más conservador, Victoriano Ceballos es otro veterano funcionario con conexiones con el PSOE. Su cuñado, Saturnino Zapata, fue concejal (1979-1995) y diputado autonómico (1995-1999) y quien, según las investigaciones, logró que fuera contratado y ascendido de forma fulgurante. Como Fernández de Castro, Ceballos también fue investigado por corrupción. Ambos eran ya ovejas marcadas en el ayuntamiento, pese a lo que siguieron trabajando. Ceballos era quien evaluaba los ruidos de los locales y decidía si se cerraban o abrían.