Un escándalo de comisiones puede truncar el mandato de la presidenta de Filipinas

Manila.-  A la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, le ha estallado en las manos un escándalo de corrupción capaz de acabar su mandato antes de las presidenciales del 2010, porque implica a su marido, el empresario José Miguel Arroyo.

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(EFE)

Un escándalo de corrupción podría acabar con el mandato de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo (en la foto), antes de las presidenciales del 2010, porque implica a su marido, el empresario José Miguel Arroyo.

No sólo lo advierten hoy los analistas políticos, sino hasta las autoridades han visto el peligro porque se han aprestado a vetar las manifestaciones en el Santuario de EDSA, el lugar de Manila donde se formaron las revueltas populares pacíficas que acabaron con la dictadura del presidente Ferdinand Marcos (1965-1986) y el Gobierno de Joseph Estrada (1998-2001).

Las declaraciones en el Senado del ingeniero Rodolfo Lozada, ex director de empresa estatal Philippine Forest Corporation, han servido de detonante de la situación porque, de creerse, confirman las acusaciones contra Jose Miguel Arroyo que llevan en el candelero de la escena política desde hace meses y exponen un entramado de corrupción que socava los cimientos de la Presidencia del país.

Lozada puso en entredicho todo el sistema de concesión de contratos públicos y reveló como normal el pago de comisiones ilegales de entre un uno y un dos por ciento, pero no del 50 por ciento que pedía un grupo empresarial en el que participaba Jose Miguel Arroyo.

El ex presidente de la Comisión Electoral Benjamin Abalos, con conocimiento del marido de la presidenta del país, buscó una comisión de 130 millones de dólares (89,23 millones de euros) por un contrato estatal con la empresa de telecomunicaciones china ZTE Corporation valorado en 262 millones de dólares (179,83 millones de euros), según Lozada.

Los reparos de Lozada, designado en el 2006 por el entonces ministro de Planificación Socioeconómica, Romulo Neri, para evaluar el proyecto, llevaron a los interesados a trasladar el trámite a otra agencia, que lo autorizó, en el 2007, por un total de 329,4 millones de dólares.

Lozada, quien volverá a testificar el lunes próximo en el Senado, explicó que todos los proyectos gubernamentales operan de la misma forma y que existe una "zona aceptable" para las comisiones de entre un uno y un dos por ciento, que, por lo habitual, se esconde en el apartado de servicios.

No obstante lo dicho, Lozada admitió que hubiera estado dispuesto a aprobar el contrato si Abalos hubiese reducido a la mitad los 130 millones de dólares que pedía.

La obra ferroviaria Southrail se autorizó sobrevalorada en 70 millones de dólares, de acuerdo con Lozada, quien admitió su propia "mea culpa" como director de Philippines Forest Corporation, al hacer que la compañía le pagase un seguro de vida de la aseguradora en la que trabajaba su esposa, aparte del que le correspondía en la Seguridad Social, o autorizar contratos para una empresa de su hermano, entre otras irregularidades.

"Si hubiera habido alguien de confianza a quien le hubiera podido denunciar todo, lo hubiera hecho", aseguró Lozada.

El contrato con ZTE se firmó el año pasado durante una visita de Macapagal Arroyo a China y se canceló en octubre, después de que se descubriera el tejemaneje.

José Miguel Arroyo viajó personalmente a China para explicar la situación.

La presidenta filipina ordenó ayer al Departamento de Justicia, después de que Lozada destapase la caja de Pandora, abrir una investigación preliminar, mientras que su esposo emitía un comunicado oficial en el lo negaba todo.