Garzón suspende las actividades de ANV y PCTV mientras el TS escuchaba sus alegaciones

Madrid.-  El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha suspendido por tres años las actividades de ANV y del PCTV mientras el Tribunal Supremo se disponía a escuchar las alegaciones de los dos partidos contra esa misma medida cautelar, solicitada por la Fiscalía y el Gobierno en sus demandas de ilegalización.

Así, la noticia de que Garzón había dictado dos autos que impiden a ANV y al PCTV concurrir a las próximas elecciones -a las que sólo el primer partido ha presentado candidaturas- fue anunciada a los miembros de la sala del 61 por el abogado del Estado durante su intervención en la vista que el Alto Tribunal había fijado para escuchar a las partes antes de decidir si adoptaba esa misma medida.

Finalmente, el Supremo sólo ha podido escuchar a los abogados del PCTV en una comparecencia celebrada por la mañana, porque los de ANV han decidido no acudir a la convocada para las cuatro de la tarde en vista de que la decisión que adoptara la sala del 61 no iba a tener ya ningún efecto práctico.

Lo ocurrido hoy recuerda a la situación vivida el 26 de agosto de 2002, cuando Garzón dictó la suspensión de actividades de Batasuna horas antes de que el Congreso, reunido en sesión extraordinaria, instara al Gobierno a pedir su ilegalización.

La razón principal alegada por el juez para suspender las actividades de ANV y del PCTV es su instrumentalización por parte de la ilegalizada Batasuna, que según él "casi les hace poner el pie en el umbral de la integración terrorista, si no fuera por la escasez de tiempo durante el cual viene funcionando esta 'unión".

El juez añade que los dos partidos "se han convertido en los últimos tres años en un instrumento político en manos de dirigentes de Batasuna y en un medio económico para nutrir a sus dirigentes y cumplir con los fines terroristas Batasuna-ETA".

Los efectos de la suspensión decretada por el juez van desde la imposibilidad de concurrir a elecciones hasta la cancelación de sus páginas web, pasando por el bloqueo de sus cuentas, la clausura de sedes y locales y el corte del suministro de electricidad, agua y teléfono.

Por otra parte, Garzón, que ha acumulado en una sola las causas en las que investigaba a la nueva Mesa Nacional de Batasuna, a ANV y al PCTV, ha recibido hoy el visto bueno de la Fiscalía para que remita las actuaciones sobre el último partido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), para que éste decida si procede contra las parlamentarias Nekane Erauskin y Karmele Berasategi.

El juez cree tener indicios suficientes para acusarlas de colaboración con ETA y asociación ilícita, delitos que ya imputó el pasado miércoles a otros tres responsables de esa formación.

Mientras tanto, en el Tribunal Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado trataban de convencer a los magistrados de la sala del 61 para que dictaran las mismas medidas cautelares que acababa de acordar Garzón, más una nueva sólo solicitada por los servicios jurídicos del Estado.

Se trata de la suspensión de actividades del grupo parlamentario del PCTV en la Cámara de Vitoria y de los grupos municipales de ANV en los Ayuntamientos.

Según el abogado del Estado, la suspensión de los partidos debe extenderse como consecuencia "lógica y obligada" a su representación en las instituciones, al ser éstas también "un instrumento útil para influir, utilizando el terror, en la conformación de la opinión pública".

La Fiscalía no ha respaldado esta petición al considerar que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el mandato de los cargos electos es personal y que, por tanto, la vinculación con el partido es discutible pese a que sus integrantes compartan ideología.

También los abogados del PCTV han defendido en la vista que el grupo parlamentario y el partido "son dos cosas diferentes" y se han opuesto al resto de medidas cautelares solicitadas alegando que son contrarias a la Ley.

Jone Goirizelaia y Karmelo Landa también han dicho que el Gobierno y la Fiscalía disponían desde 2005 de los mismos indicios de su supuesta vinculación con ETA que alegan ahora en las demanda de ilegalización, por lo que han calificado la actuación política del PCTV durante este tiempo de "situación consentida".