Madrid.- Iberdrola ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que revoque el permiso que concedió a ACS para tomar hasta el 24,9 por ciento de la eléctrica y limite, de forma provisional y sin ninguna excepción, sus derechos de voto al tres por ciento, informó hoy el organismo.
Una vez confirmadas las conversaciones entre EDF y ACS sobre una eventual opa sobre Iberdrola, la eléctrica solicita también al regulador energético que adopte medidas provisionales que prohíban a la constructora adquirir directa o indirectamente participaciones en su capital que le permitan ejercer una influencia decisiva o que excedan del 10 por ciento.
ACS tiene un 7,7 por ciento de Iberdrola de forma directa y un 5 por ciento adicional mediante derivados financieros.
La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha enviado varios escritos al regulador en los que le pide que abra un expediente administrativo de revocación de la resolución que adoptó en noviembre de 2006 y que autorizó a ACS a incrementar su participación hasta el 24,9 por ciento, el límite legal establecido entonces para no presentar una opa obligatoria.
El organismo condicionó el permiso al cumplimiento de una serie de obligaciones, entre ellas la de que ACS informe trimestralmente sobre la evolución de su participación y comunique cualquier circunstancia relevante y atienda preferentemente las inversiones en actividades reguladas.
Adicionalmente, Iberdrola ha solicitado ahora al regulador energético que adopte medidas provisionales que prohíban a ACS adquirir participaciones, tanto directas como indirectas, si le otorgan una influencia decisiva o exceden el 10 por ciento.
En cuanto a la resolución de la CNE que regula los derechos de voto de la constructora, Iberdrola pide la apertura de otro expediente administrativo con una medida provisional que suspenda los derechos de voto a ACS por encima del tres por ciento sin ninguna excepción.
El 15 de febrero de 2007 el organismo que preside Maite Costa resolvió permitir a la constructora votar en las juntas de accionistas en función de su participación, excepto en las cuestiones que afectan a la estrategia competitiva de Iberdrola.
La eléctrica había pedido que se aplicara la normativa que limita los derechos políticos al 3 por ciento para los accionistas que están en más de una empresa considerada operador principal del sector energético.
ACS es también accionista de Unión Fenosa, donde actualmente controla el 45,3 por ciento (en el momento de la resolución de la CNE el 40,47 por ciento).
Dentro de las cuestiones de estrategia competitiva se encuentran el plan estratégico y las inversiones o desinversiones asociadas al cumplimiento de sus objetivos, los presupuestos, el nombramiento de altos directivos, las políticas de recursos humanos del personal directivo y la estructura societaria y organizativa a nivel directivo.
Otras cuestiones en las que ACS tiene limitado su voto son las relacionadas con el aprovisionamiento de combustibles y materias primas necesarias para desarrollar la actividad eléctrica y cualquier aspecto asociado a la tecnología a utilizar y a la política de venta de productos intermedios o finales.
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