Madrid.- El tesorero del PCTV Jesús María Aguirre y la apoderada Sonia Jacinto, imputados hoy por Garzón por colaborar con ETA, eran los encargados de pagar el sueldo a los miembros de Batasuna que tenía en nómina esta formación, según el informe de la Comisaría General de Información de la Policía sobre este partido.
El juez Baltasar Garzón, que el lunes celebró la vista para decidir sobre la suspensión de actividades del PCTV, ha imputado hoy a estos dos responsables del partido y a su presidente, Juan Carlos Ramos, por colaboración con ETA y asociación ilícita, porque "sin su intervención no habría sido posible llevar a cabo la actividad presuntamente delictiva que se investiga", la sumisión política y financiera de este partido a ETA-Batasuna.
En el informe remitido a Garzón el 22 de enero, la Policía indica que, aunque el PCTV otorgó poderes a su presidente para "la constitución de servidumbres, hipotecas, depósitos, fianzas, préstamos, así como para realizar operaciones con todo tipo de bancos o entidades de crédito, abrir o cerrar cuentas y disponer de sus saldos", son Aguirre y Jacinto los que canalizaban "la mayor parte de la actividad financiera".
Por ello Garzón ha pedido hoy a las entidades bancarias que comuniquen "cualquier operación que pueda producirse en las cuentas" del PCTV hasta que resuelva sobre la suspensión, ya que, de acordarla, decretaría también el embargo de estas cuentas.
Según la Comisaría General de Información, existen "diversas circunstancias" que apuntan a que Aguirre y Jacinto son las personas que "efectivamente se encargan de la gestión financiera de la organización", aunque la tesorera del grupo parlamentario del PCTV es Karmele Berasategui, sobre la que el juez ha consultado al fiscal si procede solicitar que se le retire la inmunidad parlamentaria.
Entre las pruebas que maneja la Policía para sostener esta afirmación destaca la documentación intervenida en la sede del PCTV en Usurbil (Guipúzcoa) "consistente en contratos de trabajo por los que este partido contrataba a miembros de la ilegalizada Batasuna" como Juan José Petrikorena, Marije Fullaondo o Joseba Zinkunegui, entre otros.
Estos contratos, fechados en 2006 y 2007, fueron otorgados en un primer momento, según el informe, por Jesús María Aguirre, quien contrató en su día como telefonista a Jacinto, ex responsable de la ilegalizada organización juvenil Haika.
El partido apoderó después a Jacinto para realizar con Aguirre "todo tipo de actos de contenido económico" y ambos manejaron cuentas, desde las que supuestamente se pagaban sueldos a miembros de Batasuna que, a 18 de enero de 2008, sumaban en total 83.149 euros.
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