El Gobierno andaluz amplía la protección en el cabo de Gata e impide construir en el Algarrobico

Sevilla.-  El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que establece un nuevo reparto en los usos del territorio e impide construir en la zona donde se levantó el hotel Algarrobico, que pasa a ser pública y deberá regenerarse.

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(EFE)

Una familia pasea el pasado julio frente al hotel construido en la playa del Algarrobico, en cuya fachada un grupo de activistas de Greenpeace pintaron el lema "hotel ilegal".

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), documento que junto con el anterior sustituyen a los vigentes desde 1994 y que recogen como principal novedad el incremento de las zonas de máxima protección en más de 2.000 hectáreas.

El primero de los documentos, de carácter indefinido, distribuye y asigna los usos del territorio de acuerdo con los requerimientos de conservación de los distintos ecosistemas, estableciendo un nuevo reparto entre las zonas de máxima protección, las de regulación especial y las de regulación común.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha destacado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que con esta nueva distribución se da "un paso fundamental" en el incremento de la protección y en la regeneración de la zona en la que se construyó el hotel Algarrobico tras las dos sentencias judiciales que dan la razón a la Junta.

Aunque no pudo concretar la fecha del derribo del hotel Algarrobico porque depende de los tribunales, la consejera destacó que con los planes aprobados hoy "atajamos problemas urbanísticos heredados y damos un paso muy importante para la regeneración del suelo y para que nunca se vuelva a construir en esa zona".

En este sentido, ha explicado que la zona del hotel Algarrobico, hasta ahora catalogada dentro del "nivel D", pasará a formar parte del nivel C3, lo que impedirá su urbanización y obligará a su regeneración.

"A la espera del pronunciamiento del TSJA sobre el fondo del asunto y si los tribunales siguen dando la razón a la Junta, las cosas cambiarán radicalmente porque el suelo en el que se asienta -una finca catalogada desde 1994 como zona urbanizable- será público", ha subrayado.

Por su parte, los proyectos de La Fabriquilla y Marina de Agua Amarga no podrán llevarse a cabo porque la zona en las que estaban proyectados pasará a tener un nivel B, lo que supone una protección "notable", según la consejera, que ha explicado que en la zona del Algarrobico el nivel de protección es menor porque se ha degradado y el nivel previsto para su restauración es el C.

Respecto al plan, la consejera ha destacado que es en las áreas de reserva o máxima protección (Zonas A) donde se incorpora la novedad más destacada respecto a la anterior planificación, al ampliarse de 6.954 a 9.144 hectáreas.

Por su parte, las reservas marinas (A2) abarcan los espacios marinos mejor conservados, tanto en la estructura de los fondos como en sus condiciones ecológicas: Cabo de Gata, Morrón de los Genoveses, Punta de Loma Pelada, Punta de la Polacra, Punta Javana-Islote de San Pedro y Punta de la Media Naranja.

Las denominadas zonas de regulación especial (Zonas B), con un grado de protección ambiental notable aunque no tan restrictivo, también aumentan su extensión hasta sumar 36.365 hectáreas, que incluyen suelo forestal, cultivos cerealistas con aves esteparias, áreas agrícolas abandonadas, playas urbanas y no urbanas y zonas marítimas no de reserva.

El bloque de regulación común (zonas C), caracterizado por su alto grado de intervención humana, pasa a tener 3.651 hectáreas y, dentro de ellas, destacan las zonas de cultivos agrícolas (C1), las de agricultura intensiva bajo plástico (C2) y las de los núcleos habitados, las áreas mineras degradadas y otras zonas transformadas (C3).

Las áreas excluidas de la zonificación ambiental (Zonas D) se corresponden con los suelos urbanos y urbanizables, cuyo desarrollo se considera posible siempre que no afecte a los hábitats naturales.

Por su parte, el Plan Rector de Uso y Gestión recoge un amplio conjunto de medidas para mejorar durante los próximos ocho años la ordenación de los aprovechamientos y las iniciativas de protección, con el objetivo de evitar la pérdida de suelo; frenar la desertificación; potenciar el valor de los recursos geoculturales; promover la educación ambiental y la investigación.