La Fiscalía de la A.N pide a Garzón que suspenda las actividades de ANV y PCTV por ser "instrumentos de ETA"

MADRID.-  La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy al juez Baltasar Garzón que suspenda las actividades de las formaciones Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) debido a que el Ministerio Público considera que las dos formaciones actúan como "instrumentos de ETA".

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EP (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy al juez Baltasar Garzón que suspenda las actividades de las formaciones Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) debido a que el Ministerio Público considera que las dos formaciones actúan como "instrumentos de ETA".

El fiscal pide en concreto al titular del juzgado Central de Instrucción número 5 la suspensión de actividades de los dos partidos durante un periodo de cinco años, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a las listas electorales, el embargo y bloqueo de sus cuentas y la clausura temporal de sus locales, según los escritos hechos públicos hoy.

La vinculación directa con la banda terrorista se efectúa a través de uno de sus integrantes, Sergio Lezcano, que, según asegura la Fiscalía "realizaba tareas de propaganda de Batasuna y del PCTV" y percibía retribuciones desde las cuentas de la formación legal. Este dato queda recogido en un documento elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil titulado 'Financiación de las actividades del miembro de ETA Sergio Lezcano por el PCTV"

El Ministerio Público pide al juez Garzón que ejecute las medidas de suspensión a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del próximo día 11 de febrero, en que finaliza el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones del 9 de marzo.

Además, advierte que la investigación llevada a cabo ha permitido constatar la actuación ilícita de los dos partidos y anuncia que procederá a una "individualización y depuración de responsabilidades penales" debido a que en función de la información obtenida es posible imputar a los dirigentes de las formaciones los delitos de integración en organización terrorista y fraude de subvenciones públicas.

A pesar de ello, la Fiscalía defiende la posibilidad de adoptar la suspensión de actividades sin que se haya producido el procesamiento previo de los integrantes de estas formaciones, en función de lo que denomina "el simple peligro de la cosa".

Según afirman los citados escritos, la realidad que han impuesto los órganos judiciales ha conducido a la organización terrorista ETA a "una nueva y singular adaptación para la consecución de sus ilícitos fines", que le ha llevado a instrumentalizar a PCTV y ANV.

Este hecho queda acreditado a través del material incautado por las fuerzas de seguridad del Estado en la sede del PCTV en Usurbil (Guipúzcoa), donde también se halló documentación relacionada con ANV, explica la Fiscalía.

Los escritos --elaborados por el fiscal Vicente González Mota en el caso del PCTV y por la fiscal Dolores Delgado el de ANV-- apuntan que "debe tenerse en cuenta que las limitaciones en el ejercicio de la participación en la vida política de partidos políticos es un derecho constitucional" por lo cual para restringir sus actividades son necesarias "pruebas y no sospechas" y "sólidas conclusiones y no meras hipótesis".

En el caso del PCTV el fiscal cita como indicios de la relación del partido con el entorno ETA-Batasuna, entre otros, el hecho de que un destacado dirigente de la formación ilegalizada, Joseba Álvarez, actuaba como asesor del grupo en el Parlamento Vasco. Menciona también al responsable de comunicación de PCTV Peio Gálvez, que recibía órdenes de otro histórico batasuno, Juan José Petricorena.

FONDOS DESTINADOS A BATASUNA

Otro de los apartados de la petición de suspensión se refiere, como ya ocurría en el caso de las demandas de ilegalización ante el Tribunal Supremo de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía, al envío de fondos del PCTV a Batasuna. González Mota indica que "las cuentas de este partido se utilizan instrumentalmente para sacar los fondos fuera de España y excluirlas del control de las autoridades supervisoras". En concreto se menciona la existencia de transferencias económicas a cuentas en Francia y Bélgica, además de redundar en la existencia de un amplio listado de miembros de Batasuna que han estado a partir del 1 de julio de 2006 "a sueldo" de la formación.

Es decir, el fiscal destaca que el ordenamiento jurídico no puede amparar a una formación política cuando ésta utiliza su condición para operar económicamente y "aprovechando los beneficios así obtenidos financia actividades de una organización terrorista".

LA "METAMORFOSIS RADICAL" DE ANV

En lo que respecta a ANV, el escrito del Ministerio Público destaca la "metamorfosis radical y al servicio de los fines terroristas" que, a su entender, ha experimentado este partido "en los últimos meses", hasta el punto de llegar a protagonizar actos en los que "mimetiza los realizados en su día por la propia Batasuna". De esta manera, según la Fiscalía, se refleja "la entrega del testigo en la representación del frente político-institucional".

Entre los indicios referidos por la Fiscalía para sostener esta tesis, todos ellos fechados a partir de la detención de la cúpula de Batasuna en Segura (Guipúzcoa) en octubre de 2007, se incluyen las manifestaciones de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en apoyo de los presuntos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, el comunicado de ANV de Durango en el que calificaba el atentado contra la Casa-Cuartel de la localidad como "una consecuencia del conflicto" y la negativa del grupo municipal de Baracaldo de condenar el atentado contra los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno.

El escrito también relata la historia de ANV desde su fundación en 1930 y destaca que, según el informe elaborado en enero pasado por la Comisaría General de Información, "durante el primer semestre de 2007 no existía constancia de vinculación o relación de ninguno de los responsables de ANV con las actividades delictivas" contempladas en el sumario sobre Batasuna.

Antes de la operación de Segura, la Fiscalía únicamente constata que ANV pidió en 2003 el voto para las agrupaciones de electores promovidas por Batasuna y en 2005 para el PCTV. En esa época, según este documento, la formación mantenía "una actividad autónoma e independiente" pero "subordinada al hecho de que seguía dentro de la izquierda 'abertzale' y con unas relaciones preferentes y de colaboración con Batasuna".