El PP recurrirá a la Justicia si el Govern no sanciona a Salom por incompatibilidad

Palma.-  El PP recurrirá a la Justicia si el Govern no establece sanciones para la ex consellera de Salud en el periodo 1999-2003, Aina Salom, tras la sentencia del Tribunal Superior de Baleares que determina que vulneró la Ley de Incompatibilidades al compaginar su cargo con la titularidad de una farmacia.

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(EFE)

Imagen de la ex-Consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Aina Salom, en 2002.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el diputado del PP Fernando Rubio, quien ha dicho que el presidente del Govern, Francesc Antich, "es el referente de la obstrucción a la Justicia" y le ha pedido que cumpla la sentencia.

Rubio ha recordado que la Ley de Incompatibilidades prevé sanciones como la inhabilitación y se ha preguntado si Salom, que en la actualidad es concejala en Esporles, no debería devolver los 3,5 millones de euros que facturó su oficina de farmacia mientras ella era consellera de Salud.

"Es un abuso del poder ejecutivo sobre el poder de la Justicia", ha recalcado el portavoz del PP, para quien, aunque la sentencia no establezca pena ni sanción alguna por ser "declarativa", corresponde al Govern aplicar el castigo por incompatibilidad previsto en la normativa.

Rubio ha señalado asimismo que este caso pone en entredicho la credibilidad del cabeza de lista del PSIB para el Congreso en las elecciones del próximo 9 de marzo, Antoni Garcías, porque cuando era portavoz del Govern calificó de "cuento" las denuncias de incompatibilidad del PP.

Además, el partido opositor considera que también la consellera de Trabajo, Margarita Nájera, tiene que dar explicaciones sobre si ha compatibilizado durante cuatro meses su cargo en el Govern con la titularidad de la consultoría Innova 21.

El diputado ha eludido comparar estas sospechas de incompatibilidad con el caso del ex presidente del Govern y del PP balear Jaume Matas, a quien los partidos de izquierdas criticaron por trabajar tras abandonar la política para un grupo empresarial que obtuvo contratos de la administración pública autonómica cuando él gobernaba.

Por otro lado, Rubio ha apelado a la intervención de Antich para que "llame al orden" al conseller de Movilidad y Ordenación Territorial, Gabriel Vicens, por su "incompetencia" a la hora de resolver los problemas que obligaron a cerrar el metro de Palma.

"Interesa mantener cerrado el metro por un tema político y partidista", ha manifestado el portavoz del PP, quien también ha apuntado que el departamento de Vicens debe aclarar las posibles irregularidades del concurso de adjudicación de las obras de reparación del suburbano.

Este encargo ha recaído en la empresa Ineco, la misma a la que se adjudicó la auditoría para determinar las deficiencias estructurales que obligaron al cierre del metro apenas seis meses después de su inauguración, una adjudicación que el PP "adivinó" previamente ante notario, lo cual demostraría la irregularidad cometida.