El ex secretario de Marbella niega su intervención en falsedad documental

Marbella (Málaga).-  El ex secretario municipal de Marbella Leopoldo Barrantes, que ha declarado hoy como imputado por un presunto delito de falsedad de documento, ha negado ante el juez "toda intervención" en la redacción y firma de una certificación relativa a una comisión de gobierno de enero de 2003.

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(EFE)

El ex secretario del Ayuntamiento de Marbella Leopoldo Barrantes es conducido a los juzgados para prestar declaración como detenido en la segunda fase de la operación contra la corrupción urbanística en la ciudad.

Barrantes ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, en relación con una pieza separada del "Caso Malaya" en la que se investigan dos operaciones urbanísticas y en la que también se encuentran imputados, entre otros, el ex asesor Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

La imputación del que fuera secretario en el Consistorio marbellí tiene lugar ante la presunta falta de coincidencia entre una certificación que supuestamente habría realizado éste relativa a una comisión de gobierno con el acta de celebración de la misma en enero de 2003.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Barrantes ha asegurado que el documento en cuestión no es una certificación, "puesto que ésta va siempre con firma original y visto bueno del alcalde", sino una "comunicación que se realiza al interventor" municipal sobre un convenio urbanístico.

Además, el ex secretario ha negado "toda intervención en la redacción del documento y firma del mismo" durante su comparecencia, que ha tenido una duración aproximada de 15 minutos, según ha explicado a los periodistas su abogado, Antonio Ruiz Villén.

Barrantes ha señalado también que el acta es un "simple borrador" y ha afirmado que la idea de construir un campo de fútbol en la parcela del "Francisco Norte" fue del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido.

En este sentido, ha manifestado que no creía que el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca "tuviera intervención alguna en cuanto a la ideación de qué hacer en dicho lugar".

El instructor acordó en diciembre de 2007 abrir un procedimiento aparte de la causa contra la corrupción municipal en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".

El magistrado ha imputado en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.

En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", además de Barrantes, tendrán que comparecer ante el juez en calidad de imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y la ex alcaldesa Marisol Yagüe.

Sobre la operación "Francisco Norte", el juez indica en un auto que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo SL por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa 3 millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.

En 1996 se había elevado a público un convenio en virtud del cual el Ayuntamiento hacía entrega de dicha finca -por su valor de 526,7 millones de pesetas (3,1 millones de euros), más 70 millones de pesetas (420.708 euros) la licencia de obras para construir una plaza porticada con viviendas y aparcamientos- a Promociones de Edificaciones Industriales SL, propiedad de Arteche.

El acuerdo establecía que la empresa, a cambio, entregaba una parcela por valor de 190 millones de pesetas (1,14 millones de euros), así como 1.800 metros cuadrados de las viviendas que se construyeran.

Tanto desde 1996 a noviembre de 2002, cuando es propiedad de Yeregui Desarrollo, como a partir de esta fecha, las transmisiones de la parcela son sucesivas hasta que en noviembre de 2004 la adquiere Naviro Inmobiliaria SL, propiedad del empresario José Ávila Rojas por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas.

En enero de 2005, Naviro Inmobiliaria segrega 10.300 metros cuadrados de subsuelo de la finca, licencia autorizada por la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que vende a la empresa Conservera Celta por 18 millones de euros.